Vladimir Aguilar está en la mira por facilitar un contrato fraudulento de usufructo con una empresa española. El magistrado dimitió cuando el Congreso ya había puesto en marcha el mecanismo para destituirlo.
“Es una acusación política y por ello considero que será resuelta adecuadamente donde corresponda. En este momento he presentado la renuncia al cargo de magistrado de la Corte Suprema”, dijo Aguilar en rueda de prensa.
La dimisión de Aguilar se da un día después de que el Congreso integrara una comisión que tendría a su cargo dictaminar si levantaba la inmunidad del magistrado. Con la renuncia, la comisión legislativa quedó sin efecto, dijo a periodistas el presidente del Parlamento, el opositor Mario Taracena.
“Mi posición no es recurrir a acciones retardatorias de amparos y esta decisión que estoy tomando es histórica en beneficio del país y demuestra que nadie es superior a la ley”, afirmó el juez.
De acuerdo con Aguilar, ahora está a “disposición inmediata para ir a demostrar la inocencia al órgano jurisdiccional que corresponda donde hay garantía”, puntualizó.
El pasado martes, una comisión del Congreso levantó la inmunidad de otro magistrado de la CSJ, Douglas Charchal.
Los dos jueces fueron sindicados por la Fiscalía el pasado 15 de abril de tener vínculos con el supuesto fraude en un contrato de usufructo por 25 años prorrogables entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) con la empresa Terminal de Contenedores Barcelona, en un puerto sobre el Pacífico.
Según la investigación de la Fiscalía, Aguilar incurrió en delito al presuntamente influir en el contrato firmado en 2012, cuando fungía como procurador general de la Nación (abogado del Estado).
Las pesquisas de la Fiscalía determinaron que el ex presidente Otto Pérez y la ex vicepresidente Roxana Baldetti, ambos en prisión, también facilitaron la firma del contrato, en el que supuestamente hubo una comisión de 30 millones de dólares.
