Por Eduardo Vázquez Bécker
El presidente de la República estaría considerando suspender las garantías constitucionales e imponer un estado de sitio “focalizado” como una forma de combatir la creciente criminalidad en la que las pandillas tienen sumida a la población.
El Secretario de Información de la Presidencia, Eugenio Chicas, aseguró que para los efectos se ha organizado una mesa de trabajo en la que supuestamente participan, además del presidente Sánchez Cerén, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña; es decir, los tres órganos fundamentales del Estado, con la participación del Fiscal General de la República, Douglas Meléndez.
Chicas adelantó que la mesa podría concluir en la necesidad de declarar un estado de emergencia o excepción para algunos territorios “en los que se requiere mayor presencia de las autoridades”.
Por su parte, Lorena Peña no vaciló en asegurar que ella es de la opinión que se declare un estado de excepción y que dicha medida contaría con su total apoyo, agregando como advertencia, que la ciudadanía debe estar consciente de las implicaciones de las medidas. “El Estado de Excepción se puede establecer en municipios, cantones o departamentos en los cuales operan pandillas”, dijo la funcionaria.
A juicio nuestro, y a pesar de que es casi clamor nacional, sería un error garrafal del Estado si se llegan a suspender las garantías constitucionales porque en lugar de abonar al combate de la criminalidad pandillera se estaría abriendo un abismo que terminaría tragándose todo lo que encuentre a su paso, especialmente a la gente honrada y trabajadora del país .
El Fiscal General, Douglas Meléndez, pero sobre todo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Pineda Navas, saben que no hay país en el mundo en el que una suspensión de garantías constitucionales no deje daños irreparables de carácter político por lo que no creemos que ambos funcionarios avalen dicha medida.
Sabemos que el problema de las pandillas es grave pero más grave sería cometer el error de implementar una medida de esa naturaleza.
Cuando se habla de un régimen de excepción estamos hablando de suspender garantías constitucionales como la libertad de entrar, permanecer y salir del territorio de la República; al derecho de asociación libre y pacífica, del derecho que tiene toda persona a expresar y difundir libremente el pensamiento, inclusive del derecho de los salvadoreños a no ser expatriados como ocurría en páginas recientes de nuestra historia.
Además, la suspensión de las garantías constitucionales tendría que estar precedida de una declaración de emergencia nacional por amenazas de guerra, de una invasión del territorio, de una rebelión o la realización de actos de sedición. También en situaciones de catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del Orden Público.
Si el Estado y el gobierno particularmente, reconocen que las pandillas y su accionar criminal, pueden constituir cualquiera de las causales que establece la constitución para declarar un estado de excepción y suspender las garantías constitucionales, realmente ya perdimos toda posibilidad de recobrar la paz social y la seguridad ciudadana del país.
Justificar la violencia criminal de las pandillas como razón suficiente para suspender las garantías constitucionales solo muestra la falta de visión política de quienes idearon semejante cosa. No va por ahí la cosa.
Lo que enfrenta el gobierno es una clara incapacidad de combatir la plaga de las pandillas y solo desde ese punto de vista podrá resolver el problema.
Hay que buscar en los orígenes de la tregua entre las pandillas, ver quiénes se encuentran agazapados en las estructuras del gobierno, en el órgano de Inteligencia del Estado, en la Policía Nacional Civil, PNC, en el ejército etc., porque ahí están las respuestas.
Creemos que cuando el fiscal Meléndez requería del Estado “respuestas concretas” no se refería a un estado de sitio o cosa parecida; más creemos y ojalá no nos equivoquemos, que él se refería a la aplicación plena del inciso cuarto del artículo 13 de la Constitución, donde se establece que, por razones de defensa social, los sujetos, entiéndase pandilleros, que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos deben ser sometidos a medidas de seguridad especiales.
Si a esta disposición se le hacen las reformas necesarias, considerando que a los pandilleros se les ha calificado legalmente de “terroristas”, podríamos disponer de un instrumento eficaz para el combate de las pandillas y recobrar la paz social que reclama la población, sin riesgos de exponer al Estado a un fiasco que le traería consecuencias inimaginables si es que se le ocurre declarar un estado de sitio.
Se trata simplemente de ser más inteligentes que los pandilleros , de los que están dentro de las cárceles y de los que están afuera. Se trata de que no nos salgan los calcetines más caros que los zapatos.
