Por Mauricio Eduardo Colorado.- La resolución de la Sala de lo Constitucional de anular el controversial decreto que autorizaba tomar “prestados” quinientos millones de dólares, de los fondos destinados para pagar pensiones, ha enfurecido a los altos funcionarios de gobierno, -que ya se estregaban las manos- pero al mismo tiempo, ha demostrado que el sistema democrático de pesos y contrapesos, funciona en el país.
En esta oportunidad, la referida sala ha detenido a la Asamblea Legislativa, que al autorizar la toma de esa cantidad por parte del Ejecutivo, configuró una realidad discutida, ya que un voto de una diputada de Arena, que por cierto, le valió su expulsión del partido, desbalanceó la aritmética legislativa, provocando con ello una incertidumbre en dicho organismo del Estado que nos coloca –al pueblo- con futuras expectativas en el sentido de crear de alguna manera, incógnitas para lo que falta en la vida de la Asamblea.
Como decimos, ante esta situación, ninguna votación legislativa se puede tener por cierta.
Al mismo tiempo, el Órgano Ejecutivo, que se dio una prisa por sancionar el delicado decreto, también sufrió una decepción, ya que los quinientos millones, ya estaban programados para determinados fines, aunque el Presidente declaró casi de inmediato, que se responsabilizaba a la Sala, por el no pago oportuno de los pensionados.
Lo cierto es que esta situación crítica de los recursos fiscales viene desde finales del año pasado, cuando se presentó un presupuesto deficiente, y que no contempló una variedad de gastos que no tuvieron respaldo real en dicho presupuesto, y se dejaron irresponsablemente a recurrir al imprevisto, y que en una ocasión por lo menos, nos ha llevado al impago.
No queremos suponer que las finanzas del Estado se manejan con esa dosis de improvisación, porque el actuar del gobierno denota que muchos de los gastos en lujos y adquisición de bienes innecesarios o por lo menos no esenciales, no se detienen.
Señalamos el contraste de dichos gastos, con la falta de medicinas y equipos en los hospitales, y la reparación de escuelas en el campo de la educación.
La experiencia que se ha producido en virtud de la resolución de la Sala, nos induce a cambiar el esquema de confrontación de poderes, por un convenio básico entre las fuerzas políticas, que nos lleven a un mínimo de acuerdos que nos saquen de este estado de cosas, y llegue la madurez política por medio del diálogo, entre los actores de la política nacional, y se dejen fuera los radicalismo, que a nada bueno conducen, y se afecta la nación toda. Dejemos para mejor ocasión las políticas radicales, y demos vigencia al diálogo para que el estado no tenga estos tropiezos y disgustos, y se gobierne con sensatez, y sin improvisación. Dios ilumine las mentes de quienes tienen la responsabilidad de gobernar.