La Cancillería salvadoreña pidió el martes a las “autoridades correspondientes” de Estados Unidos a que se tome una “decisión justa” sobre el futuro de los migrantes amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) y abogó por que se halle una “solución permanente”.
“El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ante el proceso que se dirime en las cortes estadounidenses sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) hace un llamado a las autoridades correspondientes a que tomen una decisión justa y con visión de futuro”, indicó la Cancillería en un comunicado.
La postura del gobierno de El Salvador sería respuesta a las críticas que ha recibido de parte de varios sectores y por la oposición política del país por no mostrar su respaldo a los connacionales.
La petición fue realizada en un comunicado que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores y se enmarca en el proceso que se realiza en las cortes estadounidenses para tomar una decisión sobre dicho beneficio.
El gobierno argumentó que los salvadoreños que han sido beneficiados con el TPS han realizado, durante más de dos décadas, contribuciones a la economía y seguridad social de Estados Unidos.
Agregó, sin dirigirse directamente al gobierno de Joe Biden, que la decisión sobre el futuro de más de 198,000 salvadoreños amparados por el TPS en Estados Unidos debe darse “en reconocimiento al esfuerzo y contribuciones hechas a lo largo de tantos años”.
“Durante más de dos décadas, los salvadoreños beneficiarios del TPS han realizado importantes contribuciones a la economía y a la seguridad social estadounidense, mediante el pago de impuestos tasas y contribuciones especiales”, sostuvo la Cancillería.
Afirmó que “el 95 % de la población salvadoreña beneficiaria tiene empleo formal, el 53 % paga una hipoteca y alrededor del 10 % son empresarios”.
“Abogamos por una solución permanente para las miles de familias, salvadoreñas y de otras nacionalidades, que se verían afectadas por esta decisión”, acotó.
El TPS para salvadoreños fue autorizado en 2001 por el presidente George W. Bush después que dos terremotos sacudieron ese año a El Salvador.
Uno de los pilares de la economía salvadoreña son las remesas familiares que recibe principalmente desde Estados Unidos y que en 2022 suman más de $5,600 millones de dólares.
El caso llegó a los tribunales después de que el gobierno de Donald Trump (2017-2021) revocara la protección para los inmigrantes beneficiados de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras.
Una corte federal en California falló a favor de los inmigrantes tras dictaminar que el expresidente Trump puso fin al TPS de esos seis países de manera ilegal y tuvo motivaciones racistas.
Sin embargo, en septiembre de 2020, un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones revocó la orden del tribunal inferior y colocó en riesgo nuevamente a los amparados por el TPS de esos seis países.
Hasta el momento el gobierno de Biden solo ha extendido la protección nuevamente para los migrantes de Haití y Sudán, dejando a los inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal con un amparo que vence el próximo 31 de diciembre.
