La ministra de Economía de El Salvador reafirmó la semana anterior que el país seguirá acumulando Bitcoin (CRYPTO:BTC), a pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige reducir su exposición a la criptomoneda más importante del mundo.
Durante una entrevista con Bloomberg, María Luisa Hayem calificó el uso de Bitcoin como un “proyecto importante” impulsado por el presidente Nayib Bukele.
“Existe un compromiso del presidente Bukele de seguir acumulando activos precisamente con ese propósito”, declaró Hayem cuando le preguntaron si el gobierno continúa comprando Bitcoin.
Cabe recordar que el FMI había solicitado a El Salvador suspender las compras de Bitcoin por parte del sector público como condición para acceder a un préstamo de 1,400 millones de dólares a principios de este año. Sin embargo, Bukele ha mantenido una postura firme: “No se detendrá ahora, y no se detendrá en el futuro”, dijo tajante en redes sociales.
Actualmente, El Salvador posee una reserva de 6,163.18 BTC, equivalente a más de 586,40 millones de dólares según los precios actuales. Solo en el último mes, ha sumado 30 BTC a sus arcas.
Movimiento del precio de Bitcoin
Al momento de esta publicación, el precio de Bitcoin rondaba los 94,320.06 dólares, con una ligera baja del 1,34 % en las últimas 24 horas, según datos de Benzinga Pro.
Buscando apoyo de EE.UU con el Bitcoin
La Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador, o CNAD, busca que empresas estadounidenses experimenten con bienes raíces tokenizados en la nación centroamericana, según Erica Perkin, abogada en Perkin Law Firm y asesora de CNAD.
La posibilidad surgió durante una reunión entre el Grupo de Trabajo de Cripto de la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU y CNAD el lunes anterior, que se centró en un llamado sandbox regulatorio entre ambas naciones, según un documento presentado de la SEC.
El nuevo acuerdo con el FMI le prohíbe a Bukele acumular más Bitcoin y emitir Bonos Volcán
Nayib Bukele cedió a las exigencias del FMI a cambio de una línea de financiación de 1,400 millones de dólares. Entre las exigencias publicadas por el FMI el pasado marzo incluye que El Salvador no acumule más reservas de Bitcoin, tampoco podrá emitir sus Bonos Volcán.
Son muchos los motivos que señala el FMI para estas exigencias, pero el principal es que la volatilidad de un activo especulativo como esta criptomoneda puede hacer variar las cuentas públicas, su déficit o sus ratios de solvencia de un día para otro, algo que para la institución es impensable si se quiere acometer reformas que puedan enderezar las finanzas salvadoreñas y programar un plan de pagos para devolver el dinero que están apunto de prestarle.
Pero la institución que dirige Kristalina Georgieva ha querido seguir apretando y ha publicado una extensión del acuerdo que pretende “disminuir los riesgos de Bitcoin” para El Salvador y pone sobre el papel nuevas y estrictas exigencias en cuanto a las políticas y posiciones de Bukele con la criptomoneda.
No más compras de Bitcoin y más transparencia
El FMI prohíbe que el Estado de El Salvador o cualquier administración pública siga almacenando más Bitcoin. De hecho, también le pide que liquide el Fidebitcoin, un fondo de reservas que fue creado con 150 millones de dólares y que el Estado tiene para respaldar el cambio de Bitcoin a dólares. Una práctica muy arriesgada dada la elevada fluctuación y volatilidad del mercado cripto.
Otra exigencia es la de la transparencia. Según exige el FMI, el gobierno salvadoreño deberá presentar a la institución una declaración que confirme todos los monederos donde El Salvador atesora criptomonedas y hacer públicos sus montos totales. Esto último puede parecer algo naif, pero Bukele ha llevado con total oscuridad sus posiciones en el mercado cripto y, en muchas ocasiones, la única forma oficial para conocer cuántos Bitcoin estaba comprando y atesorando el país eran los mensajes de Bukele en redes sociales. En caso de firmar estas nuevas exigencias para recibir la ansiada financiación del FMI, antes de finales de marzo, cuando se celebrará la primera reunión entre el país y la institución, el Estado y todas las administraciones públicas o empresas con participación pública tendrán que informar sobre sus posesiones de Bitcoin y su valor. Tras ese primer informe en marzo, el país tendrá que entregar otro en junio y un tercero a finales de 2025.
