Gobierno presentó a Asamblea Legislativa proyecto de reformas a las AFP´s

Las reformas deberán ser financiadas por los patronos y las AFP´s

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El Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, entregó el viernes el proyecto de reformas al sistema de pensiones salvadoreño.

El funcionario presentó las reformas a la diputada Suecy Callejas, vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, ante la ausencia de su presidente, Ernesto Castro.

Zelaya informó que el gobierno no nacionalizará el sistema y que mantendrán las cuentas individuales así como la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) creada en 2017, pero que  se crearía un Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) conformado por representantes del gobierno, del sector empleador y del sector laboral, que sería un «ente rector» pero que tendría como función verificar que las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) cumplan sus obligaciones y que absorbería las obligaciones que tiene actualmente el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).

Asimismo, el titular de Hacienda recordó que los pensionados salvadoreños venían recibiendo 207 dólares de pensión minina, que se incrementó en 2021 a 304 dólares y que ahora «la gran mayoría de usuarios lo que recibirá de pensión a partir de la entrada en vigencia de la ley serán 400 dólares como mínimo», unos 96 dólares más.

El ministro amplió en una conferencia de prensa, en la que no se abrió espacio para preguntas de la prensa, que son «alrededor de 53.000 usuarios del sistema de pensiones que reciben pensión minina».

Zelaya se acompañó del ministro de Trabajo, Rolando Castro, para realizar el informe y aclaró que el sistema de pensiones «no se nacionalizará», porque «somos respetuosos del derecho a la iniciativa privada, pero una iniciativa privada vigilada y regulada por el Estado».

De otra manera, señaló que se «prohibirá que los Gobierno hayan uso de los fondos de pensiones de los trabajadores» e indicó que el sistema será «sostenible y asegura un retiro digno para todos los usuarios».

«Esta reforma asegura que el Gobierno no se pueda financiar a través de los fondos de pensiones como tal», dijo.

¿Quienes pagarán las cuentas?

La cotización se incrementará para los empleadores un 1 %, pasando de un 15 % a un 16 % que será asumido «estricta y únicamente» por el patrono, se mantendrá la contribución de los empleados y la comisión de las administradoras de pensiones privadas será de un 1 % y «ya no de un 2 % como antes».

Zelaya detalló que el ahorro destinado a las cuentas individuales subirá del 8.1 % al 9 %; y el aporte a la Cuenta de Garantía Solidaria subirá del 5 % al 6 %.

Además, quienes ya retiraron un anticipo de pensiones no tendrán que devolver el dinero, no ahorrarán más, se jubilarán a la misma edad y su pensión también aumentará “aunque en un porcentaje menor de quienes no retiraron el adelanto”.

En septiembre de 2017, la Asamblea Legislativa modificó el sistema de pensiones e incrementó la cotización de los trabajadores en dos puntos porcentuales del salario, con lo que pasó del 13 % al 15 %.

Zelaya indicó que no se incrementará la edad de jubilación, se mantendrá en 55 años para las mujeres y en 60 años para los hombres.

Añadió que los salvadoreños en el exterior también podrán usar el sistema de pensiones de acuerdo a los planes de ahorro que establezcan las administradoras de pensiones en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Pensiones y «podrán abonar en diferentes planes que se pongan a disposición».

Durante años, diversos sectores se han manifestado por las pensiones que reciben y han exigido un aumento de las mismas, además del cierre de las administradoras privadas para regresar a un sistema público.

El salario mínimo actual en El Salvador para los trabajadores es de 365 dólares, y son 500.000 empleados los que reciben dicho sueldo, según el ministro de Trabajo.

La diputada oficialista y vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, señaló durante su intervención que la reforma de pensiones comenzará a ser estudiada el próximo lunes 28 de noviembre.

Indicó que se conformará una comisión especial para el estudio y análisis de la propuesta y se abrirá un espacio a «todos» los sectores, incluyendo la empresa privada.

Por Agencia Digital de Noticias -ADN-