El Gobierno de la República inició este miércoles un programa de indemnización con la entrega de compensación económica a un pequeño grupo de víctimas de supuestas violaciones a los derechos humanos realizadas por el Ejército durante la guerra civil que asoló a este país entre 1980 y 1992.
La Presidencia informó que el programa “dará cobertura a 134” de los 262 municipios del país en los que se han identificado 6.235 “víctimas y sus familias” como “potenciales participantes” de la iniciativa, que desarrollará el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).
“Somos conscientes de que no se puede compensar de ninguna forma el dolor y los padecimientos sufridos por miles de familias salvadoreñas, pero estas cantidades que el Estado entregará mensualmente a cada familia representan un simbólico reconocimiento de ese dolor”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén.
La Presidencia no reveló los montos que los beneficiarios recibirán, pero según trascendió en medios locales estás oscilarán entre los 15 y 50 dólares mensuales.
En el evento de propaganda, Sánchez Cerén pidió perdón “en nombre del Estado” a las víctimas y se comprometió a que “estos hechos dolorosos nunca vuelvan a ocurrir”, como lo hizo su antecesor, Mauricio Funes (2009-2014).
El programa incluye exclusivamente a supuestas víctimas del Ejército e ignora a las víctimas de la entonces guerrilla del FMLN que también se cuentan por miles, tanto de asesinatos, secuestros como desplazamiento forzado.
El programa se desarrolla luego que el Ejecutivo criticó la reciente decisión del Constitucional de anular una ley de amnistía que impedía juzgar los crímenes de guerra y aplaudió la negativa del Supremo de extraditar a 4 militares a España por la masacre de 5 jesuitas españoles en 1989.
El Estado salvadoreño se encuentra a punto de entrar en “default” por quiebra t´chica, por lo que se desconoce de dónde saldrán los fondos para hacer los pagos comprometidos.
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