Los dos gobiernos del FMLN han cobrado a Estados Unidos $41,03 por cada salvadoreño que es deportado.
Un acuerdo bilateral firmado por Estados Unidos y El Salvador en enero de 2010 revela que los últimos dos gobiernos de El Salvador han recibido casi 8 millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, como compensación por documentar y recibir en la base aeroportuaria de Comalapa a los miles de salvadoreños que son deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Adunas, ICE.
Un documento de 15 páginas desclasificado el año pasado por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, desde Washington, revela una información que el gobierno salvadoreño considera aún “clasificada” y se niega a dar explicaciones, desconociendose lo que ha hecho con los dineros.
La información fue revelada originalmente por el prestigioso medio norteamericano The Washington Post en enero 2016.
El Memorando de Entendimiento se negoció entre DHS y ICE con la Cancillería y el Ministerio de Justicia y Seguridad salvadoreños. Una enmienda al documento realizada el 23 de abril de 2010, refleja que Estados Unidos aceptó pagar $41.03 por cada salvadoreño deportado.
La administración del expresidente Mauricio Funes Cartagena y su titular de cancillería, Hugo Martínez, convencieron entonces a la administración del presidente Barack Obama para que les compensara por “tramitar documentación y recibir a los deportados en su país”, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén sigue recibiendo el dinero por cada deportado.
Desde que entró en vigencia ese acuerdo han sido deportados casi 188 mil salvadoreños, según los registros que maneja DHS – ICE. Para tener un conteo exacto: 2010 cerró con 20.361, en el 2011 retornaron 17.408, el año siguiente 19.694, para el 2013 la tendencia siguió al alza con 21.602 y 2014 alcanzó una cifra récord de 27.180 deportados; en 2015 volvió a presentarse una baja con 21.920; en 2016 52,548 salvadoreños fueron devueltos al país y entre enero y abril 2017 6,559 han sido deportados, haciendo un total de al menos 187,272 salvadoreños expulsados de los Estados Unidos.
Con esos datos en mano y al calcular el monto de $41.03 por 187,272 deportados arroja una cifra de $7 millones 683 mil 770 desembolsados por el gobierno federal a una cuenta comercial del gobierno salvadoreño en Estados Unidos.
Los fondos no están contemplados dentro de los ingresos del Presupuesto General de la Nación del gobierno salvadoreño.
“Una vez al mes, ICE contará el total de la documentos de viaje (pasaportes provisionales) que se emitieron en el mes anterior y estará en disposición de hacer la transferencia de las cuotas por procesamiento de cada documento de viaje expedido en el sistema eTD (electronic Travel Document) de ICE”, refiere el numeral 3 del memorando.
El escrito integro fue publicado bajo Freedom of Information Act, (FOIA, Ley de Libertad de Información, por sus siglas en inglés).
Otras partes del acuerdo
El memorando, aún vigente en la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén, refleja que DHS y ICE se comprometieron a instalar computadoras portátiles en los 16 consulados salvadoreños en todo Estados Unidos, así como en la embajada de El Salvador ubicada entre las calles 16 y P, desde donde podían compartir información de los detenidos en los centros de ICE con el afán de comprobar su nacionalidad y que el gobierno salvadoreño procediera a documentarlos y recibirlos al llegar a su país.
“Los usuarios autorizados por ICE pueden iniciar sesión en el sistema eTD y revisar los datos de los repatriados, información biográfica y documentación de aquellos a ser removidos de los Estados Unidos.
Los usuarios autorizados de la embajada y consulados podrán actualizar, editar y guardar información biográfica relacionada con cada deportado”, dice otro de los literales del acuerdo.
El documento firmado por el entonces Viceministro para Salvadoreños en el Exterior, Juan José García y el director general de Inmigración, explica que el dinero se transfiere desde una cuenta de ICE, que funge como brazo operativo de DHS, hacia la cuenta del gobierno salvadoreño referido en el acuerdo como GOES Participants.
“El gobierno del FMLN se queda con la billetada y a los migrantes sólo les dan para el bus y una pupusa con fresco al llegar al aeropuerto”, comentó un ciudadano salvadoreño.
Se ha pedido explicación sobre las cantidades transferidas por Estados Unidos, el uso y destino de esos fondos, sin respuesta alguna. Ese fue el caso de la ciudadana salvadoreña María de los Ángeles Regalado, a quien la cancillería le negó tal información y el caso pasó al Instituto de Acceso a la Información Pública, (IAIP), pero en una audiencia realizada el 26 de enero de 2016, el gobierno salvadoreño logró mantener la información como “reservada”, escondiendo el uso de los fondos o su destino verdadero.
La cancillería, al negar la información del uso de los pagos, insiste en que el documento que ampara el convenio contiene una cláusula de confidencialidad, y que revelar esa información pone en peligro las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, a pesar que el DHS lo desclasificó oportunamente.
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