El Salvador elevó la deuda estatal con los fondos privados de pensiones, alimentados por los trabajadores, en más de $47 millones en febrero pasado, con lo que supera los $10,619 millones en total de dicha deuda, según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).
Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda total pasó de $10,572.40 millones en enero del año en curso a $10,619.74 en febrero, una alza de $47.34 millones.
Estos recursos, que el Gobierno estaría usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema público abandonado a finales de la década de 1990, se obtienen mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP, privadas) están obligadas a tomar.
Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suman desde abril de 2023 a la actualidad un total de $2,224.01 millones de dólares.
A esto se suman $8,395.73 millones de Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses por cuatro años desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022.
Esta reforma, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llevó a que el 89 % de los activos bajo la administración de las AFP, que para 2024 llegaron a $14,900 millones, se mantengan “en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras”.
“En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del ISP”, indicó el FMI en un informe publicado el pasado 25 de marzo relacionado con un acuerdo de $1,400 millones alcanzado con el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En el documento, el FMI advierte que las pensiones se están pagando con los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaría (CGS), que es “un fondo común para los afiliados de las AFP”, que se utiliza cuando los pensionados agotan los recursos de su cuenta individual.
Según el FMI, las proyecciones de su personal técnico apuntan a que “los activos del CGS se agotarían alrededor de 2027, momento en el que el Tesoro tendría que intervenir por montos de alrededor del 0.5 % del PIB”.
“En este contexto, es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones para contener los déficits fiscales y restablecer la sostenibilidad de las pensiones, evitando al mismo tiempo medidas que aumenten los pasivos contingentes”, recomienda el FMI.
