The New York Times.- El gobierno de Nicaragua impidió que un periodista de The New York Times entrara al país, el jueves, en medio de una ofensiva nacional contra los medios de comunicación y la sociedad civil en la nación centroamericana.
Anatoly Kurmanaev, quien cubrió la actualidad de Venezuela durante varios años y comenzó a trabajar recientemente en la oficina del Times en Ciudad de México, fue notificado de la cancelación de su boleto a Managua por la aerolínea en la que viajaba, horas antes de que despegara el vuelo, luego de que las autoridades nicaragüenses se negaron a permitirle la entrada al país. Kurmanaev había cumplido con todos los requisitos legales y de salud exigidos por las autoridades de Nicaragua.
“Este es un ejemplo de los desafíos cada vez más frecuentes que los periodistas enfrentan en todo el mundo por el papel que cumplen para garantizar una sociedad libre e informada”, dijo Michael Slackman, editor de la sección Internacional del Times. “Los intentos de silenciar a los periodistas deberían ser preocupantes para todo el mundo”.
El incidente con Kurmanaev parece evidenciar la escalada de los ataques gubernamentales contra los medios independientes, en medio de la represión del presidente Daniel Ortega, quien regresó al poder en 2007 después de liderar el gobierno revolucionario de Nicaragua de 1979 a 1990.
Más de una decena de políticos opositores, ejecutivos de empresas y líderes de la sociedad civil han sido detenidos en las últimas semanas antes de las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que Ortega busca su cuarto mandato presidencial.
El domingo, el gobierno incluyó a 13 medios de comunicación nicaragüenses —entre los que se encuentran las publicaciones más importantes del país— en una investigación criminal enfocada en los líderes de la oposición por presunto lavado de dinero, traición y “conspiración sediciosa”.
En las últimas semanas, los fiscales han interrogado a más de 20 periodistas en relación con el caso. Activistas de derechos humanos y reporteros han denunciado que la investigación es un intento de eliminar la cobertura de noticias independientes en el país.
Al menos una de las periodistas interrogadas, María Lilly Delgado, corresponsal de la cadena estadounidense Univision, fue informada por los fiscales de que estaba siendo investigada, aunque las autoridades no especificaron los cargos.
La investigación de lavado de dinero se centra en la líder opositora Cristiana Chamorro, quien hasta hace poco era la jefa de una organización local de libertad de expresión que recibía fondos estadounidenses. Chamorro fue puesta bajo arresto domiciliario este mes, apenas unas horas después de anunciar sus planes para competir contra Ortega en las próximas elecciones.
El reciente ataque contra la libertad de expresión parece superar la estrategia represiva desplegada en 2018, cuando la policía sofocó de manera brutal las protestas masivas contra el gobierno de Ortega. En ese momento, la mayoría de los medios de comunicación internacionales, incluido el Times, pudieron ingresar al país para cubrir los disturbios.
En octubre, el gobierno aprobó una “Ley de ciberdelitos” que permite a las autoridades encarcelar a cualquier periodista por publicar lo que consideren que sean “noticias falsas”. Desde entonces, tres periodistas nicaragüenses han sido amenazados con la ley y algunos reporteros se han escondido.
Las organizaciones de libertad de prensa están cada vez más preocupadas por la represión que amenaza con convertir lo que ya era uno de los entornos mediáticos más restrictivos de la región en una zona oscura informativa, mientras la crisis política alcanza su clímax.
“El gobierno de Daniel Ortega ha recurrido a tácticas cada vez más abiertas para silenciar las voces críticas”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del programa para Centroamérica, Suramérica y el Caribe en el Comité para la Protección de Periodistas. “Negar la entrada a reporteros internacionales muestra que las autoridades nicaragüenses están redoblando sus esfuerzos para limitar el acceso a la información y controlar el relato”.
Esta semana, la represión contra la oposición alcanzó los niveles más altos de la élite empresarial que alguna vez estuvo a favor del gobierno de Nicaragua. Un importante banquero y excolaborador de Ortega fue arrestado el martes, y el jueves las autoridades bancarias congelaron las cuentas de 13 destacados ejecutivos comerciales.
“Se está ejecutando una represión política en Nicaragua de un tipo que debería ser impensable en este hemisferio”, dijo Bradley A. Freden, enviado de Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos, tras la aprobación el martes de una resolución que condena la represión.
El gobierno no expresó una razón para denegar la entrada de Kurmanaev. Después de que se canceló su boleto, el reportero contactó a la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega y vocera del gobierno, pidiéndole que se le permitiera ingresar. Ella le respondió con un correo electrónico en el que solo decía: “Gracias por su interés”.
La intimidación de los periodistas en Nicaragua se produce mientras los gobiernos de todo el mundo deciden, cada vez más, reprimir la disidencia y la libertad de expresión.
El jueves, la policía de Honh Kong arrestó a cinco ejecutivos del Aple Daily un periódico a favor de la democracia. El miércoles, un reportero independiente que trabaja para el Times fue liberado de una cárcel de Zimbabue, tres semanas después de su arresto, acusado de ayudar indebidamente a dos periodistas del Times mientras informaban sobre el país.
El mes pasado, Bielorrusia arrestó a un periodista disidente después de forzar el aterrizaje de un vuelo de Ryanar que transitaba por el espacio aéreo del país. En marzo de 2020,China dijo que expulsaría a los periodistas estadounidenses que trabajan para el Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.
