La mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa y su coalición aprobaron el martes la extension del régimen de excepción hasta el 17 de diciembre. La decisión ya había sido tomada con anterioridad por el Consejo de Seguridad por instrucciones del presidente Nayib Bukele. El régimen de excepción, aprobado desde finales del mes de marzo de este año, ha dejado como saldo 57.500 detenidos.
El decreto de prórroga recibió 67 votos a favor, 9 votos en contra y 6 abstenciones de los 84 en total que conforman la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo continúa por octava ocasión consecutiva el régimen de excepción que rige en el país desde finales del mes de marzo.
Los diputados de Nuevas Ideas prometieron sus votos «las veces que sean necesarias», mientras así se los indique la Casa Presidencial.
El origen de la medida
El pasado mes de marzo se notificaron 80 asesinatos en un fin de semana en el país, atribuidos a las pandillas. Este fue el motivo por el cual el ejecutivo decidió implantar la suspensión de los derechos constitucionales.
La imposición de la medida se dio por 30 días, plazo máximo que establece la carta magna, siendo prorrogada por primera vez el 25 de abril de este año hasta esta última autorización. Se puede ampliar si persisten las causas de la primera implementación.
La Constitución de la República de El Salvador establece en el artículo 29 esta medida con el fin de responder a circunstancias extremas como la guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o graves perturbaciones del orden público.
Amnistía Internacional, sobre el estado de excepción
Amnistía Internacional (AI) vio desde el principio de la aplicación de la medida una amenaza “grave” para los derechos humanos de los salvadoreños. La organización señaló las “denuncias por detenciones arbitrarias y destacó su preocupación respecto a los malos tratos contra las personas detenidas”.
Más recientemente, el jefe de prensa para las Américas de AI, Duncan Tucker, ratificó el papel de las pandillas en el empeoramiento de la seguridad de los salvadoreños, posible razón por la que la guerra contra ellas planteada por el presidente Bukele tendría un nivel de popularidad tan alto.
Sin embargo, reclama a la estrategia que “la seguridad pública no debe lograrse a costa de violaciones masivas de derechos humanos”.
Según Tucker, “la estrategia de seguridad del presidente Bukele tampoco es tan innovadora o sostenible como ha hecho creer a la gente”. El periodista asemeja el estado de excepción con las campañas represivas de “mano dura” de gobiernos anteriores, en 2003 y 2004, que dieron lugar una disminución inicial de los homicidios seguida de un fuerte incremento de 2004 a 2006”.
Más de 7.000 denuncias se han llevado a cabo contra las autoridades por atropello a los derechos humanos bajo este régimen. a la vez al menos 80 personas han muerto mientras han estado detenidos y a resguardo del Gobierno.
