El Ejecutivo propuso el miércoles a la Asamblea Legislativa la aplicación de un régimen de libertad condicional para los salvadoreños con antecedentes penales deportados desde EE.UU.
El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, dijo a periodistas tras una reunión con la comisión de diputados de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, que la intención del Gobierno es “fortalecer los mecanismos de control” sobre las personas que cometieron delitos en el país norteamericano.
Ortiz detalló que, de aprobarse la iniciativa, al ingresar a El Salvador los retornados llenarán una ficha “certificada por la Policía” en la que deberán declarar el tipo de antecedente que poseen y dependiendo de la gravedad del delito tendrán “inmediatamente” una audiencia con un juez.
Posteriormente, estarán obligados a presentarse mensualmente en la delegación de la Policía más cercana a su domicilio, para “garantizar que no están en ninguna actividad ilícita”.
La iniciativa es para que “todas aquellas personas que vengan con antecedentes puedan ser controladas, supervisadas y debidamente atendidas en programas de reeducación y reinserción, si eso es lo que requieren”, acotó el vicepresidente, quien aseguró que no será un régimen “punitivo” ni buscará “estimular una mayor represión”.
La propuesta fue presentada por Ortiz, junto al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y se espera que en los próximos días sea llevada ante la Junta Directiva del Congreso para que pase a estudio.
Sin embargo, de acuerdo a juristas consultados, semejantes medidas requieren de un tratado bi, o multi lateral o de modificaciones a la Constitución de la República, que es garante de los derechos básicos de todo salvadoreño que no haya cometido delito alguno en El Salvador.
