El Presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), Sigfrido Reyes, fue nombrado, por parte del Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Relaciones Exteriores, Embajador en Misión Especial para la promoción de las exportaciones e inversiones de El Salvador.
El nuevo cargo de Reyes, le “blindaría” como diplomático ante las investigaciones que la sección de Probidad que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR) llevan a cabo por presuntos delitos cometidos, entre ellos Peculado, Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero y otros Activos. Reyes, al igual que cualquier salvadoreño se presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario.
De acuerdo a las declaraciones patrimoniales de Reyes, mientras fungió como diputado, entre 2006 y 2015 incrementó su patrimonio personal en un 218.6 %; de $327,990 en 2006 a $1.04 millón al final de su periodo, en mayo de 2015, sin embargo, se conoce mediáticamente de varias inversiones en bienes raíces que reportarían varios millones de dólares en su haber.
Con anterioridad, en octubre de 2016, José Luis Merino fue nombrado viceministro de inversión, también con grado diplomático, gozando también de inmunidad.
Según el Órgano Ejecutivo, el nombramiento del expresidente del Órgano Legislativo obedece a la necesidad de que el Presidente de PROESA “cuente con la representación que le permita el mayor nivel de interlocución posible para el cumplimiento de los objetivos de dicha institución”, de conformidad con el artículo cuatro de la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático de El Salvador.
El sorpresivo nombramiento de Sigfrido Reyes le cubre con inmunidad diplomática, la cual es contemplada en el artículo 236 de la Constitución de la República, y consiste en que los representante diplomáticos, entre otros varios cargos oficiales, responden por los delitos que cometieran presuntamente ante la Asamblea Legislativa y no ante un tribunal común. La Asamblea Legislativa sería la que determina si hay o no lugar para la formación de causa judicial y así enviarlo a juicio común.
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