El Gobierno de la república informó a través de la secretaría de Comunicaciones que actuará con firmeza y en el marco de la ley contra las empresas telefónicas que no acaten las disposiciones establecidas en el decreto que contiene las Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión.
El portavoz del Ejecutivo, Eugenio Chicas, advirtió que estas compañías deberán cooperar ya sea “por voluntad o por la ley”.
“Creo que estamos ante un punto crucial, o estas empresas de telefonía se someten a lo que dicta la ley o tendrán que aceptar las consecuencias ¿por qué? Porque ya basta de tanto abuso contra la población”, espetó el funcionario.
Chicas acusó a las empresas de telefonía de actuar de manera “inescrupulosa”.
El secretario de Comunicaciones llegó a acusar a las empresas de manera temeraria, “Yo creo que cualquier empresa decente puede revisar en su sistema cómo es que un teléfono tiene mil, dos mil, cinco mil dólares de saldo o 20 mil, o sea, aquí hay algo extraño, aquí hay algo raro, aquí está pasando algo irregular, pero no, las empresas se quedaron calladas”.
Chicas aseguró que con la entrada en vigor del decreto las empresas deberán eliminar la señal, o de lo contrario las autoridades en función tomarán las medidas respectivas.
El decreto fue ya sancionado por el presidente Sánchez Cerén y faculta al ministro de Justicia y Seguridad Pública a realizar inspecciones en los alrededores de los centros penales para verificar si estas compañías están acatando la ley, lo que comenzaron a hacer las autoridades durante el fin de semana.
“Las inspecciones podrán ser en cualquier hora del día, ya los equipos especializados de la superintendencia de telecomunicaciones tienen los radios, los mecanismos especializados para supervisar”, explicó.
Normalmente un decreto es efectivo siete días después de haber sido publicado en el Diario Oficial y no de inmediato, sin embargo, en este caso, el artículo 11 del decreto contempla su entrada en vigor el mismo día de publicación, por lo que las medidas ya están vigentes.
Para el vocero de la Presidencia, el decreto que obliga a las telefónicas a bloquear la señal en los centros penales debe ser permanente.