Las irregularidades detectadas por Probidad que superan los 3 millones de dólares, le fueron notificadas el 5 de julio pasado, tal como lo asegura Gallegos en su petición del 7 de julio. Dichas irregularidades, que debe aclarar el presidente de la Asamblea, consisten en depósitos y retiros de dinero de cuentas bancarias, transacciones con vehículos y bienes raíces. Según el funcionario, el número de irregularidades que se le atribuyen a la fecha suman un total de ciento tres, para todo su grupo familiar.
Probidad asegura en su informe a la Corte haber revisado 32 cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, deudas e ingresos y egresos del diputado y su grupo familiar desde el año 2006 afirmando que el presidente del Organo Legislativo no pudo justificar un monto superior a 3 millones de dólares de la fortuna familiar.
La comisión de ética y probidad integrada por cuatro magistrados de la Corte, recibió el informe de 230 páginas el pasado 16 de junio. Esta comisión debe elaborar un informe que presenta al pleno, que es el que toma la decisión de enviar a juicio un caso o no.
Gallegos lamentó que la sección de Probidad haya tenido un plazo mayor para elaborar el informe preliminar y que a él se le otorgara un plazo muy breve. “No es de justicia que solo se me conceda hasta un plazo máximo de quince días hábiles, incluyendo la posible prórroga, para poder ejercitar mi derecho de defensa”.
El presidente de la Asamblea sostiene que no ha podido ejercer su derecho de defensa ante Probidad debido a que su agenda lo obliga a realizar actividades de Estado que no se pueden posponer.
Entre 2009 y 2015, cuando el diputado Gallegos había desempeñado sus primeras dos legislaturas como directivo de la Asamblea, sumó honorarios extras a su salario por un monto cercano al medio millón de dólares.
La sección de Probidad señala que a partir de 2009, cuando fue elegido secretario de la junta directiva de la Asamblea, tuvo ingresos extra por 72 mil dólares anuales en concepto de “sobresueldos, vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones, pensiones, etc.”.
Entre 2012 y 2015, ya como vicepresidente del Órgano Legislativo, reportó por el mismo concepto ingresos adicionales anuales de 81 mil dólares.
Otros funcionarios o ex funcionarios, entre ellos Mauricio Funes, Antonio Elías Saca, Miguel Charlaix, Julio Rank, el diputado Reynaldo Cardoza y otros, contaron con un máximo de 10 días para desvanecer los señalamientos.
La Constitución de la República establece que toda incremento patrimonial detectado por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, se presumirá como enriquecimiento ilícito. Hasta la fecha el máximo tribunal instruyó juicio contra una decena de personas.
De acuerdo a algunos medios informativos, el magistrado de Corte y miembro de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, fue quien detalló la votación sobre la petición de Gallegos. Según estas informaciones, en realidad hubo dos votaciones. La primera, para decidir si se concedía un plazo extra al presidente de la Asamblea, en la que 13 de los 15 magistrados votaron en favor. Los dos que votaron en contra fueron fueron Blanco y el magistrado Ovidio Bonilla. Una vez concedido ampliarle el plazo, se votó por el tiempo que se le daría. Según Blanco hubo 11 votos favorables y 4 en contra siendo estos los de Florentín Meléndez, Rodolfo González y Berlarmino Jaime.
Blanco habría dicho que él no apoyaba conceder el plazo adicional porque este siempre ha sido de 10 días hábiles y otorgar noventa “desnaturalizaría el proceso”. “Además, porque esto generará que otros investigados pidan prórrogas similares para tratar de justificar su crecimiento patrimonial” y porque la depuración de los casos en la Corte Suprema se volverá más lenta.
La información sobre el informe de Probidad y la solicitud de un mayo plazo por parte de Gallegos, trascendió coincidente con la posición de este en la plenaria que reformó la ley de extinción de dominio.
Gallegos ha sido considerado como la clave para que la Asamblea Legislativa reformara el martes la Ley de Extinción de Dominio en una sesión convocada específicamente para hacer esas modificaciones y para lanzar un salvavidas al sistema previsional que evitará que a partir de agosto el gobierno se vea imposibilitado de pagar pensiones a los jubilados.
Las reformas a la Ley de Extinción de Dominio se hicieron a pesar de las objeciones de la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, de la Fiscalía General y de las Naciones Unidas, y ante las advertencias del gobierno estadounidense, que calificó las enmiendas como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Douglas Meléndez señaló que con las reformas “Se podría estar lavando bienes producto de la corrupción y que con las mismas “se está dando una tregua a los corruptos”.
