Por Lorena Baires (Diálogo, Revista Militar de las Américas).-
La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha integrado un comando especial que trabaja con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para impedir que los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 ordenen cometer delitos y actos de terrorismo desde dentro de las instalaciones penales. Esta estrategia de emergencia se ha implementado en siete de los 21 centros penales del país, donde las autoridades han aislado de la población penal general a 299 cabecillas de pandillas.
El Comando Especial de Control del Sistema Penitenciario de El Salvador está llevando a cabo esta estrategia en las prisiones de los municipios de Izalco, Ciudad Barrios, Cojutepeque, Zacatecoluca, Chalatenango, y San Francisco Gotera, además de la instalación penal de alta seguridad en el municipio de Quezaltepeque. “Estamos rediseñando los controles al interior de las cárceles, decomisando objetos ilícitos y cortando las comunicaciones de los pandilleros recluidos”, expresó el Coronel Edwin Juárez, comandante del Comando San Carlos e integrante del Comando Especial de Control.
A tres de los prisioneros también se les han prohibido las visitas de familiares y amigos, y solo pueden reunirse con su asistencia legal con la aprobación del Comando Especial de Control. El traslado de los prisioneros fue en respuesta a los informes de inteligencia militar y policial que señalaban que cabecillas de la MS-13 – detenidos en cárceles en las ciudades de Izalco y Ciudad Barrios – fueron responsables de ordenar el asesinato de 11 personas la noche del 2 de marzo en el municipio de San Juan Opico.
Nueve de las víctimas eran trabajadores de una empresa de electricidad, y dos de ellos eran pobladores del área. Ha habido 1.935 homicidios registrados en el país durante el primer trimestre de este año, comparados con los 1.121 que las autoridades contabilizaron durante el mismo período en el 2015, según la PNC.
“No hay espacio para tregua ni diálogos con estos criminales”, afirmó el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, durante una conferencia de prensa el 7 de marzo en la Casa Presidencial. “Los vamos a tratar como lo que son: criminales. Tenemos que garantizar que estos hechos atroces no se repetirán”.
La FAES cuenta con un fuerte contingente
La FAES mantiene un fuerte contingente de 1.268 efectivos para resguardar los perímetros de los centros penales del país y 500 efectivos adicionales para movilizarse durante emergencias. Desde el 29 de marzo, los militares han patrullado las comunidades aledañas a los centros penales en vehículos blindados, y han inspeccionado viviendas y establecimientos donde se sospecha que se albergan integrantes de pandillas que ejecutan las órdenes de sus líderes en prisión.
“A través del programa Casa Segura, estamos comprobando que ninguna casa esté siendo utilizada por grupos delincuenciales para planificar delitos o dar resguardo a personas que buscan ingresar objetos ilícitos a los centros penales”, explicó el ministro de Defensa David Munguía Payés a los diputados de la Asamblea Legislativa el 31 de marzo.
El Comando Especial de Control ordenó inspecciones y requisas en las siete cárceles entre el 29 de marzo y el 6 de abril para cortar las comunicaciones entre los cabecillas de las pandillas y sus subordinados. Durante este período de nueve días, las autoridades decomisaron 494 teléfonos celulares y otros equipos. Las cuatro operadoras de telefonía del país acataron la petición del gobierno de apagar 15 antenas de transmisión de señal para teléfonos celulares en los alrededores de las siete cárceles donde se ejecutan las medidas de emergencia.
“No tenemos internet, servicio de cable, ni señal de teléfonos”, señaló Amalia Pérez, maestra de 32 años y habitante del municipio de Quezaltepeque. “Estamos incomunicados, pero entendemos que es una situación especial para evitar que más salvadoreños sigan muriendo por las órdenes que dan los pandilleros”.
Quienes viven en la cercanía de los centros penitenciarios confían en que las autoridades hayan bloqueado a los líderes de las pandillas para evitar que ordenen cometer crímenes. También esperan que se mantenga esta vigilancia.
“Es una gran tranquilidad saber que en todas las esquinas de la ciudad hay un militar cuidando”, comentó Atilio Guzmán, un carpintero de 57 años y habitante de Quezaltepeque. “Constantemente avanzan las patrullas para vigilar, y conversan con nosotros para saber si notamos movimientos de personas extrañas”.
