La Asamblea Legislativa, con excepción de la fracción legislativa del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se pronunció en contra de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorice la extradición a España de cuatro militares supuestamente implicados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 1989.
“No debe autorizarse la extradición de los militares, ni continuar con la persecución, así como consideramos debe otorgarse la libertad de los militares detenidos”, señaló el Congreso en un pronunciamiento aprobado con el voto mayoritario de todas las bancadas de oposición, aún los aliados con el oficialismo.
Actualmente, la CSJ ventila una solicitud de España para extraditar a cuatro militares retirados detenidos por su presunto involucramiento en el asesinato de los sacerdotes jesuitas, que eran líderes intelectuales de la guerrilla y docentes de la Universidad Centroamericana (UCA).
Los militares solicitados en extradición son el coronel Guillermo Benavides, los subsargentos Antonio Ávalos y Tomás Zarpate, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.
Los cuatro permanecen detenidos en una delegación de la Policía, mientras que otro militar salvadoreño residente en Estados Unidos, el coronel Inocente Orlando Montano, está preso por orden de una jueza de Carolina del Norte que avaló su extradición a España.
En su pronunciamiento, la Asamblea Legislativa expresó “preocupación” porque avalar la extradición constituiría “una violación a la soberanía nacional y a la Constitución” del país, por cuanto el caso ya fue ventilado por tribunales salvadoreños.
Los parlamentarios recordaron que en mayo de 2012 la misma CSJ “negó la extradición” por “una imposibilidad jurídica” y que a los militares les cubre una Ley de Amnistía, promulgada en 1993 para perdonar los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
Por último, el Congreso exhortó a la Corte Suprema de Justicia a “resolver a la brevedad” la solicitud de extradición hecha por España, al considerar que “se han excedido los plazos procesales sin haber pronunciado una resolución en firme”.
La bancada de la gobernante ex guerrilla del FMLN votó en contra del pronunciamiento, por considerar que el Congreso “no debe intervenir” en asuntos que competen a la CSJ, aseguró este viernes la diputada de ese partido Norma Guevara, quien en caso de que la Ley de Amnistía fuera derogada sería apresada y enjuiciada por docenas de crímenes cometidos durante la agresión comunista al país, al igual que la presidenta del legislativo, el presidente y el vice presidente de la República, ademas de la mayoría de los funcionarios públicos de esta Administración.
