La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR), procedió el lunes al embargo de los bienes del diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y de su esposa, Alma Yaneth Gutiérrez, ubicadas en diversos lugares del país, luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia encontrara irregularidades en la declaración patrimonial del diputado por más de 806.000 dólares y se ordenara la investigación.
El ministerio Público incautó 12 propiedades y cinco cuentas bancarias del diputado y de su esposa en un proceso para determinar el origen de los fondos, ya que según los fiscales hay indicios de que el parlamentario tuvo un crecimiento patrimonial no justificado.
La FGR explicó escuetamente en un comunicado de prensa que este proceso es diferente al que se llevó a cabo la semana pasada en la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, donde López Cardoza fue declarado no responsable de posible enriquecimiento ilícito por 1,6 millones de dólares.
La esposa si fue responsabilizada por el delito, pero por 78.000 dólares y tendrá que devolver el dinero al Estado. Además, fue inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por un periodo de diez años.
La Fiscalía, al ver que el juicio en la Cámara no prospero, se vino sobre el diputado y su esposa con el objetivo de despojar al matrimonio Cardoza al realizar un embargo que según ellos, “garantizan que el juicio llegue a un buen término, es decir, que las propiedades no sean trasferidas a terceras personas y que finalmente pasen a favor del Estado”
Según el ministerio Público, las propiedades están valoradas en 230.000 dólares y en las cinco cuentas bancarias se han inmovilizado 105.000 dólares.
Mientras, Cardoza reaccionó en redes sociales y calificó el hecho como una “persecución política”. Para luego agregar: “les informó que ni a mi propia casa puedo entrar, ni sacar ropa, me echaron a la calle, menos mal que soy diputado, ¿qué le harán a la gente que no tiene un cargo público?”.
López Cardoza, es el primer diputado en funciones que es investigado y juzgado por enriquecimiento ilícito luego que la Sección de Probidad de la Corte Suprema encontrara irregularidades en las declaraciones de su patrimonio, con un resultado de “inocente”.
