La Fiscalía General de la República (FGR) está al borde de suspender algunas de sus actividades por la deuda de más de 5 millones de dólares que tiene con sus proveedores desde 2016, informó la institución.
Algunas de las actividades en las varias oficinas de la institución que funcionan como dependencias en los diferentes departamentos podrían ser paralizadas de inmediato.
Según el gerente general de la FGR, Edwin Molina, la deuda de la institución con sus acreedores asciende a 4,9 millones de dólares remanente de 2016 y la de los primeros meses de 2017 es de 217.000 dólares.
“Ninguna empresa ha querido ofrecernos servicios de comunicación, talleres, gasolina, porque no les pagamos en tiempo”, dijo Molina en rueda de prensa.
El funcionario responsabilizó al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, por no recibir los fondos que le corresponden dentro del presupuesto general de la nación a tiempo.
“Todas estas deudas son del conocimiento del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y de los diputados de la Asamblea Legislativa y no se ha hecho nada” dijo Molina.
El primer rubro que se detendría es el de los vehículos en los que se trasladan los fiscales y otros trabajadores, así como los asignados a funcionarios de la Fiscalía.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, se ha quejado en repetidas ocasiones que el presupuesto de la Fiscalía no es suficiente ante la demanda de trabajo que provocan los “niveles de crímenes fuertes” que investiga.
Para continuar operando normalmente la Fiscalía dice necesitar “urgentemente” unos 22 millones de dólares además de los 69,38 millones del presupuesto asignado para el 2017.
