La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a ocho fiscales y un empleado administrativo a quienes se les imputó los delitos de coacción y actos arbitrarios en perjuicio de la administración de Justicia y de los cuales son víctimas directas unas treinta personas vinculadas al caso, armado por la administración anterior, “Corruptela”.
A su vez, pidió que dichos fiscales, a pesar de la gravedad de los delitos que les imputan, sean sobreseídos definitivamente; es decir, que sean exonerados de los cargos por los cuales fueron procesados.
La Fiscalía solicitó el sobreseimiento “tras no haberse encontrado indicios de los delitos por los que fueron denunciados”.
Los fiscales acusados son: Carolina Beatriz Torres Hernández, Harold Iván Córdoba Solís, Thelma Yamileth Flores de Carranza, Mario Henryk Ortiz Marroquín, Mario Antonio Huezo, Carmen María Marroquín Vega, Sergio Manrique Paredes Blanco y Santos Inocente Segura Mendoza, mientras que el empleado administrativo es Noris Iván Navidad Quintanilla.
Los ocho fiscales y el empleado administrativo fueron denunciados por los también fiscales, Carolina Nóchez, Yesenia Carolina Aguilar de Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Cecilia Colindres, quienes los acusaron de haberlos “torturado” para que declararan sobre hechos que no les constaban y con los cuales el ex fiscal Douglas Meléndez “armó” el caso “Corruptela”.
Los cuatro fiscales denunciaron a sus compañeros, ante la misma FGR, la Procuraduría para la Defensa de Los Derechos Humanos, ante el juzgado que conoce del caso y organismos internacionales de Derechos Humanos.
Lo contradictorio del caso es que la FGR, después de haber reconocido oficialmente que existían indicios suficientes para que los ocho fiscales y el empleado administrativo fueran procesados, pida en el escrito de acusación, que el tribunal sobresea definitivamente a los imputados exonerandolos de toda responsabilidad penal.
Se trata de situación contradictoria porque en entrevistas de prensa, televisivas, radiales y escritas, realizadas por el propio Fiscal General de la República, Raul Melara, informó que entre el 16 y 18 de mayo de este año, un grupo de fiscales había denunciado ante la institución que fueron coaccionados y hasta torturados por otros 12 fiscales, para que se convirtieran en testigos criteriados en el caso que la Fiscalía denominó «Corruptela».
Melara recién había tomado posesión de su cargo cuando recibió la denuncia, por escrito, de los fiscales que supuestamente fueron obligados por su antecesor, Douglas Meléndez, a mentir en calidad de testigos criteriados y a declarar sobre hechos que no les constaba. “Recibí una nota de un grupo de fiscales y empleados que habían sido criteriados en el caso corruptela” dijo entonces el fiscal Raul Melara, “En dicha nota ellos exponen que habían sido coaccionados para tomar el criterio de oportunidad, y declarar a favor de la tesis de la FGR en dicho caso”. Luego el funcionario aseguró que el caso fue trasladado a las respectivas unidades de auditoría interna de la FGR.
De acuerdo a las declaraciones del Fiscal, al concluir la auditoría interna, se determinó la existencia de indicios de la actividad delictiva denunciada, por lo que, de acuerdo al reglamento interno de la FGR, el caso fue remitido a la unidad de investigación formal para los efectos procesales pertinentes.
El reglamento interno de la FGR especifica que, si de las investigaciones efectuadas se concluye que hay indicios suficientes de delincuencia, se suspende la investigación, se procede a judicializar el caso y, suponemos, se ordena de inmediato la detención administrativa de los supuestos delincuentes para así iniciar el proceso penal en su contra.
Ahora bién; si después de las actuaciones que le mandata la ley y el reglamento interno de la FGR, el fiscal ordena acusar y en vez de esperar la sana crítica del juzgador, se adelanta a solicitar la finalización del proceso por la vía del sobreseimiento definitivo, (cosa inaudita, dado que el hecho generador en el que se fundamentó la acción penal, fue la denuncia de los fiscales contra Meléndez y sus cómplices, de la que no se han retractado y de la cual no se ha cuestionado su legalidad), la situación parece sospechosa, muy sospechosa, Más parece una operación”blindaje”.
En estas circunstancias, acusar a una persona contra la que existen, no indicios sino prueba relevante y contundente, y juntamente con la acusación, pedir que se le exonere de toda responsabilidad penal, es un verdadero insulto a los jueces y una ofensa a la justicia. El poder del fiscal no es para eso.
Lo mismo hizo el ex fiscal Douglas Meléndez a pocos días de abandonar el cargo. Procesó a fiscales acusados de inventar “pruebas” contra el empresario Enrique Rais y del ex fiscal Luis Martínez, pero a su vez solicitó que estos fueran sobreseídos para que quedaran impunes.
Antes que nada, habrá que preguntarse quién o quiénes son los responsables de esa truculencia jurídica con la que se ofende a la judicatura de la nación, resuelta esa incógnita sabremos quiénes son las “manzanas podridas” de las que habló el fiscal Melara y de los que ya no se dijo nada.
También habrá que preguntarse si en el país existe un tan solo juez que, en casos como al que nos estamos refiriendo, tenga las agallas de resolver como lo pretende la Fiscalía General de la República, a lo que no está obligado.
