La Fiscalía General de la República (FGR) incautó este jueves en 48 expedientes caducados en la Corte de Cuentas de la República para investigar si hubo mano criminal en su manejo intereses del Estado.
La Fiscalía allanó desde tempranas horas de la mañana las instalaciones del ente contralor afirmando que hubo denuncia al respecto por parte del anterior presidente de la entidad.
El Fiscal que realizó el operativo aseguró que “Se ha denunciado por parte del anterior presidente de la Corte la caducidad específica de 48 expediente de juicios de cuenta que fueron ingresados a esta institución en el año 2005 al 2007″.
Los expedientes eran de la investigación a diversas entidades del gobierno así como autónomas en los cuales se les hacían reparos”, dijo el fiscal Mario Salazar.
Salazar aseguró que los juicios de cuenta eran contra la administración de Carlos Perla, ex presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el Hospital Rosales, la alcaldía de Santa Ana, el Ministerio de Obras Públicas.
Según el Fscal Salazar , cuatro jueces de cuentas de primer instancia se les atribuye la responsabilidad de haber caducado esos procesos en los dos años que se tienen para resolver los mismos”, recalcó el fiscal.
A pesar de los cuestionamientos de la prensa, el empleado de la Fiscalía se negó a revelar los nombres de los jueces investigados, pero adelantó que el montó de los 48 expedientes asciende a más de $2.5 millones que el Estado dejó de percibir por no haberse realizado las diligencias necesarias para solventar los reparos a los señalados.
El representante de la institución encargada de investigar el delito, aseguró que su labor es determinar alguna acción penal contra los jueces de cuentas que no cumplieron con su labor y si existió alguna conducta delictiva.
Estos juicios de cuentas prescribieron durante la gestión del expresidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras.
La Corte de Cuentas de la República se encuentra actualmente en acefalía luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la elección de los titulares de la institución.
Ante lo anterior, Jovel Humberto Valiente, Raúl Antonio López y Marco Antonio Grande Rivera, presidente, primero y segundo magistrado, respectivamente, fueron separados de sus cargos.
La Asamblea Legislativa aún no define quienes serán los nuevos funcionarios que dirigirán las riendas de entidad contralora.
