Fiscalía acusa a Muyshondt al periodista Paolo Luers y a los exministros del FMLN Benito Lara y Arístides Valencia

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El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de ARENA; y los exministros de Gobernación y Justicia y de Seguridad en los gobiernos del FMLN, Arístides Valencia y Benito Lara, respectivamente, fueron acusados junto a otros civiles de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, por negociar con grupos terroristas, según la Fiscalía General de la República (FGR).

El resto de acusados en este caso son Raúl Mijango, actualmente condenado a 13 años de prisión por el delito de extorsión agravada; el periodista y columnista Paolo Luers; y el dirigente de una ONG, Wilson Alvarado, quienes habrían servido de enlaces entre los políticos acusados con los miembros de los grupos terroristas.

La fiscal del grupo anticorrupción de la FGR, Carolina Cabrera, firmante de la acusación en este caso, asegura que la fiscalía dispone de una serie de pruebas documentales, periciales y testimoniales, suficientes para demostrar la participación de los acusados en los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

La acusación fue presentada ayer por la tarde en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, en la cual la Fiscalía solicita que los imputados sean procesados en libertad, con medidas alternas a la detención, contrario a otros casos en los que primero giran la orden de detención y luego proceden a acusar ante los juzgados.

La fiscal Cabrera, dijo que entre las medidas solicitadas se encuentran la presenten cada 15 días al tribunal correspondiente, que se les prohíba reunirse con miembros de grupos criminales y que se les imponga una caución económica por $100,000 a cada uno.

Sobre el por qué no había girado las órdenes de detención contra los acusados, la fiscal se limitó a decir que luego de hacer el análisis correspondiente se determinó solicitar las medidas alternas, que también lo establece la ley, aunque exista el riesgo de fuga de los imputados, que deberán ser notificados por el juzgado de las acusaciones contra ellos.

Arturo Cruz, otro de los fiscales que participó en la presentación de la acusación, explicó que los hechos por los que han sido acusados los políticos sucedieron previo a las elecciones presidenciales de 2014, donde ofrecieron y entregaron dinero a estas estructuras criminales para obtener apoyo en las urnas y favorecerse con los resultados electorales.

“Es así que siguiendo la línea de las conversaciones con los pandilleros y políticos, los entonces diputados Benito Lara y Arístides Valencia se acercan a las estructuras de pandillas y les ofrecen dinero a cambio que los pandilleros voten por la fórmula presidencial de Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz y que estos también le pidan a los miembros de la comunidad que voten por dicha fórmula”, dijo.

Para esto, agregó, se usaron métodos de amenaza y hasta decomiso de DUI de simpatizantes del partido ARENA.

De acuerdo con la investigación, el FMLN entregó, luego de la negociación, $150,000 para la primera vuelta electoral, que fueron entregados por Alvarenga.

En el caso del partido ARENA, las investigaciones señalan que fueron Muyshondt y Ruano quines llevaron las negociaciones con los representantes de los grupos terroristas, principalmente después de la primera vuelta electoral, para recibir el apoyo en la segunda ronda de la elección presidencial, para lo cual entregaron la cantidad de $100,000, los que fueron enviados a través de Paolo Lüers, detalló el fiscal.

“Es hasta la segunda vuelta que estos (Muyshondt y Ruano) al verse que les superaron en mayor número de votos el partido FMLN, deciden ofrecerles dinero y llegan al consenso o al acuerdo que les iban a entregar $100,000, estos fueron enviados a través del señor Paolo Lüers, con la participación de otros imputados”, detalló Cruz.

Agregó que en el caso de Ruano, cuando era alcalde de Ilopango, también favoreció a miembros de las estructuras criminales a través de contrataciones de familiares en la alcaldía e incluso incorporando a pandilleros como regidores del concejo municipal, los cuales solo llegaban a cobrar sus salarios.

Cruz indicó que las investigaciones determinan que los dos partidos negociaron y entregaron el dinero a tres de las estructuras criminales con presencia en el país, que se dividieron a partes iguales el dinero recibido.

Aunque ayer durante el día se rumoró que en este caso existe un testigo criteriado, el fiscal general de la república, Raúl Melara, desmintió, en su cuenta de Twitter, que no existe ningún testigo de este tipo en el caso y advirtió que “sea quien sea que se encuentre involucrado, será procesado”.