La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes el requerimiento fiscal contra el empresario José Adán Salazar y su grupo familiar acusados del delito de lavado de dinero y activos. La acusación formal fue presentada en el Juzgado 4° de Paz de San Salvador.
Además, fueron presentados ante la justicia Sara Paz Martínez, Susana Noemy y Romelia Guerra Argueta, estas últimas, esposa e hija de “Chepe Diablo”.
Las autoridades aseguran que Chepe Diablo dirigía el Cártel de Texis, el cual ha lavado más de $215.1 millones a través de empresas entre las que se encuentra Industria Gumersal.
Por este caso, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, declaró prófugos de la justicia al actual alcalde de Metapán, Santa Ana, Juan Umaña Samayoa, quien llegó a la comuna bajo la bandera del Partido de Concertación Nacional (PCN).
El jefe policial confirmó que junto a Umaña Samayoa, son prófugos de la justicia Wilfredo Guerra Umaña, hijo del alcalde, y a Tránsito Ruth de Guerra, esposa del alcalde, José Adán Martínez, hijo de “Chepe Diablo” y Miriam Salazar Umaña.
Esta diligencia es de trámite nada más, porque es a partir de este momento que el Juzgado fijará el día y la hora en la que hará la audiencia inicial. El Juzgado 4° Paz S.S. programó la audiencia del caso para mañana viernes a las 10 am. Durante esta Audiencia la defensa tendrá la oportunidad de solicitar medidas cautelares y que los imputados sean procesados en libertad .
En esa audiencia, Fiscalía y abogados defensores discutirán las condiciones en que se va a desarrollar el proceso, es decir, si va a ser con los imputados detenidos o en libertad.
La fiscalía ha investigado por lo menos 30 empresas vinculadas al señor José Adan Salazar y su familia , hasta en el grado de segunda y tercera generación, entre hoteles, gasolineras, distribuidores de harinas, despachos jurídicos contables y corredores de bienes y raíces.
Abogados analistas del país aseguran que en realidad ” se trata de una conspiración política y económica” contra Salazar y Guerra”.
La fiscalía asegura que a través de los negocios investigados se habrían lavado unos 215 millones de dólares en los últimos 10 o 12 años. Por su parte, la Policía dijo a través de su principal vocero, el director Howard Cotto, que durante ese mismo tiempo se llevaron a cabo más de 350,000 operaciones financieras con las que se habrían movido unos 1,000 millones de dólares.
InSight Crime, del Centro de Investigación del Crimen Organizado, con sede en Washington, estima que, al parecer, la red de Salazar Umaña ha contado con “gran protección oficial que va desde fiscales y congresistas hasta agentes de la policía y jueces; lo cual hace que los casos en su contra sean archivados de manera indefinida”.
