Por Eduardo Vázquez Bécker.- “Vamos a ir contra esos bienes ( los de Saca) vía extinción de dominio, no sé si sobre todos los bienes, pero la mayoría van a ser intervenidos de alguna manera”
Con esas frases, el Fiscal General, Douglas Meléndez, reiteró su rechazo a la sentencia de la Cámara Primera de lo Penal que dejó sin efecto los embargos trabados a los bienes del expresidente Elías Antonio Saca y de su esposa Ana Ligia Mixco de Saca.
Según Meléndez, la Fiscalía analiza extinguir $11 millones 126 mil 92.87 del expresidente Saca a través de la Ley de Extinción de Dominio. Las declaraciones las hizo el titular del ministerio en el marco de la inauguración de la campaña institucional ” La Corrupción es compromiso de todos” (?).
La extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.
La importancia de la extinción de dominio radica en que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales, además de detener los efectos que genera el flujo de recursos ilícitos en la sociedad. Saca no está siendo juzgado por delitos de crimen organizado.
“Vamos a ir contra esos bienes vía extinción de dominio. La Unidad de Extinción de Dominio está trabajando ya, no sé si sobre todos los bienes pero la mayoría de bienes van a ser intervenidos de alguna manera”, reveló Meléndez tras cuestionar y rechazar la resolución de la Cámara Primera de lo Penal que anuló el embargo que el Juzgado 7o. de Instrucción había decretado a cinco sociedades del exmandatario y su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca.
La Cámara argumentó que el juez cometió un yerro y que se encuentran en la facultad legal para revocarlo porque carece de un sustento normativo, debido a que la medida cautelar de tipo patrimonial fue decretada con la finalidad de asegurar la posible condena en responsabilidad civil por el delito de lavado de dinero.
El titular del Ministerio Público aseguró que respetan la decisión de los magistrados de la Cámara, pero que no están de acuerdo ya que uno de los argumentos para levantar el embargo es la ausencia de la víctima, por ser un delito abstracto.
El fiscal señaló que la revocatoria del embargo “no incide” en el proceso puesto que la Cámara ha resuelto en cuanto al grupo de procesados en la segunda fase del caso conocido como “Destape a la Corrupción”, donde se procesan a 17 personas, y no sobre el proceso que se le lleva al exmandatario en el Juzgado Cuarto de Instrucción junto a su secretario privado, Elmer Charlaix, y cinco personas más.
Meléndez cuestionó al sistema judicial por las recientes resoluciones en beneficio de los procesados y los instó a luchar contra la corrupción.
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