Washington. (Agencias/DL) – La Fiscalía General de la República (FGR) investiga si al menos una decena de funcionarios activos y ya fuera del cargo incurrieron en actos delictivos cuando participaron directa o indirectamente en la negociación de una tregua que las pandillas acordaron en 2012, se confirmó el viernes.
El fiscal general de El Salvador, Luis Antonio Martínez, dijo a una agencia internacional de noticias que los investigados incluyen a ministros y a funcionarios de otros niveles del gobierno del actual presidente Salvador Sánchez Cerén y del gobierno del presidente Mauricio Funes (2009-2014).
La cantidad de homicidios perpetrados en El Salvador se redujo a cinco diarios desde que se acordara la tregua en marzo de 2012, pero desde que el acuerdo se rompió en septiembre de 2013 los asesinatos han aumentado hasta más de 20 al día. En lo que va de año, las pandillas han asesinado a 42 policías, a un mecánico de esa fuerza, a 15 militares, a seis guardias de centros penales y a un fiscal.
“A las investigaciones no les ponemos plazo. A esas personas las someteremos a la justicia si advertimos que existe alguna infracción penal. Si no existe, tenemos la facultad de archivar” la información, indicó Martínez tras agregar que los investigados no han sido identificados públicamente.
El fiscal rehusó precisar si las investigaciones ya han determinado la existencia de algún delito.
La fiscalía general ha tomado declaración al actual ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payes, quien era el ministro de Seguridad Pública y Justicia cuando se pactó la tregua en 2012 y quien se supone habría sido uno de los artífices por instrucciones del expresidente Mauricio Funes de la infame tregua.
También han ofrecido testimonio los ex guerrilleros Raúl Mijango y Paolo Lüers, quienes han fungido como voceros de las pandillas.
“No somos fiscales con saña, sino que trabajamos con actividad y responsabilidad en las investigaciones”, dijo Martínez. “No tenemos orientación o preferencia política. Solo practicamos la política criminal, no la partidaria ni la ideológica”, aclaró Martínez.
El fiscal Martínez ha calificado la tregua de “hipócrita” y se opone rotundamente a cualquier tipo de negociación con los que llama “delincuentes terroristas”.
Durante la tregua de 2012, las autoridades sacaron de una cárcel de máxima seguridad a más de 30 cabecillas de las pandillas y los mandaron a prisiones donde tenían facilidades para comunicarse con su gente en las calles, además de diversiones con mujeres, bebidas, estupefacientes y hasta permisos especiales de salida.
El presidente Salvador Sánchez Cerén ha reiterado que no va a negociar con las pandillas y regresó a los cabecillas de las pandillas a la prisión de máxima seguridad, en lo que significó el fin de la tregua.
Martínez conversó con la AP durante su estadía de una semana en Washington, donde el miércoles asistió junto a sus contrapartes centroamericanos a una reunión con la fiscal general estadounidense Loretta Lynch con la meta de incrementar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Martínez dijo que fue la primera vez que los fiscales centroamericanos se reúnen con su contraparte estadounidense, y que planean seguir reuniéndose cada seis meses. Agregó que aún no se ha determinado la sede del próximo encuentro.
El funcionario planea volver a El Salvador el sábado, lo cual informó sin temor alguno por su seguridad.
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