La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, reaccionó públicamente a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos en su contra, calificándolas de un castigo por «diferencias ideológicas». En un reciente pronunciamiento, Porras aseguró que la falta de apoyo y la posterior sanción por parte de Washington no se basan en acusaciones de corrupción, sino en desacuerdos con la orientación de su gestión al frente del Ministerio Público.
Esta declaración surge tras una serie de acciones del Departamento de Estado de EE.UU, que en septiembre de 2021 incluyó a Porras en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida popularmente como la «Lista Engel». El gobierno estadounidense argumentó que la fiscal general estaba «involucrada en actos de corrupción significativa», específicamente señalando que había «obstruido y socavado repetidamente las investigaciones anticorrupción para proteger a sus aliados políticos».
La sanción prohíbe a Porras y a sus familiares directos ingresar a Estados Unidos. Desde su inclusión, otros funcionarios guatemaltecos y actores ligados a su gestión también han sido sancionados por EE.UU y la Unión Europea, por motivos similares de socavar la democracia y el Estado de derecho.
La versión de la fiscal general, sin embargo, contrasta directamente con los comunicados oficiales del Departamento de Estado. Washington ha mantenido consistentemente que las medidas buscan promover la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto por el Estado de derecho en Guatemala. El caso más destacado en este contexto fue la remoción del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval en 2021, un hecho que la embajada de EE.UU condenó enérgicamente en su momento.
El debate en torno a las sanciones refleja la profunda tensión entre las instituciones guatemaltecas y la comunidad internacional. Mientras los defensores de la fiscalía sostienen que se trata de una injerencia en la soberanía del país, los críticos argumentan que las acciones de Porras han debilitado los esfuerzos anticorrupción y han provocado un retroceso en el sistema de justicia. En este escenario, la fiscal general insiste en su versión de que es víctima de una persecución ideológica, mientras sus detractores señalan que sus acciones han sido las que la han puesto en la mira de las sanciones internacionales.
