El Fiscal General de la República, Douglas Melendez, hizo este mediodía un llamado al juez que conocerá la causa contra el ex presidente Elías Antonio Saca y seis de sus colaboradores durante su Administración, que debe resolver a favor de la fiscalía y en contra los imputados.
Meléndez convocó a una conferencia de prensa para detallar los pormenores de la captura del ex presidente Elías Antonio Saca y otros de sus ex funcionarios a quienes el Ministerio Público acusa por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, pertenencia a asociaciones delictivas y lavado de dinero y otros activos.
Según la FGR, Charlaix y Saca habrían lavado un aproximando de $6 millones, los que también habrían llegado a empresas del expresidente Saca.
El fiscal Meléndez aseveró que “Nosotros podemos adjudicar acciones de lavado de dinero a estas 2 personas (Elías Antonio Saca y Elmer Charlaix)”.
El Fiscal amenazó a la Banca salvadoreña con que “no se vayan a prestar a transferencias de última hora porque vamos a tener que proceder”, amedrentando las libertades que permite la ley mientras no haya orden judicial que lo prohíba.
En relación al lugar y hora en que fueron llevadas a cabno las capturas, el fiscal se desmarcó asegurando que la Policía Nacional Civil recibió las órdenes y esta procedió de acuerdo a sus protocolos. “Nosotros no hemos tenido nada que ver sobre el cuestionamiento de la forma que se procedió” dijo aunque luego advirtió que “si el procedimiento lo realizaron de esa manera porque creyeron que eso era lo correcto “entonces la fiscalía los respalda” agregó Meléndez. Saca y sus dos colaboradores, Julio Rank y César Funes, fueron capturados en la Hacienda Los Miranda cuando celebraban la boda de uno de sus hijos. El fiscal aseguró asimismo que fue él quien personalmente entregó las órdenes al director de la PNC el Comisionado Howard Cotto. Meléndez estuvo acompañado de dos de sus más estrechos colaboradores entre ellos el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR.
Por otra parte, Meléndez informó que la Corte de Cuentas de la República (CCR), que es la institución encargada de auditar al Estado, no presento ningún reparo ni reporte sobre el movimiento de los dineros el el período investigado, a pesar de tener presencia permanente dentro de la Casa Presidencial y haber permitido los movimientos financieros hoy investigados.
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