El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, informó a periodistas que el Ministerio Público ha decidido no solicitar el antejuicio al ministro de la Defensa Nacional, David Victoriano Munguía Payés.
Con estas declaraciones, el fiscal estaría dando “carpetazo” a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el involucramiento del funcionario con la tregua durante la Administración de Mauricio Funes.
De esta manera estaría respondiendo el ente fiscal a las presiones impulsadas desde el Ejecutivo para que no se proceda a sindicar a funcionarios o al ex presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, por haber instigado, financiado y protegido una tregua en la que las pandillas, que azotan violentamente el país, se empoderaron y reorganizaron.
“A mi juicio es la Fiscalía la que tiene que decidir y en este caso esperamos que trabaje y actúe con profesionalismo”, había advertido Salvador Sánchez Cerén al fiscal recientemente.
El presidente de la República ha defendido “a capa y espada” a los ministros de Defensa, David Munguía Payés, y Gobernación, Arístides Valencia, quienes en diferentes momentos pactaron con cabecillas de las pandillas.
La conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), único partido verdaderamente de oposición, ha pedido la destitución de Munguía Payés por presuntamente dar beneficios a los pandilleros encarcelados, a cambio de bajar los índices de asesinatos. La solicitud esta engabetada en la Asamblea Legislativa, también en poder del partido oficialista.
Según fuentes al interior de la Fiscalía General de la República, hace algunas semanas se había preparado una orden de captura contra el ex presidente de la República, Mauricio Funes y el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, por atribuírles responsabilidad intelectual en los hechos relacionados con la tregua entre pandillas.
En el voluminoso requerimiento preparado por la Fiscalía en el caso que se instruye contra Raúl Mijango y 17 personas más, el Ministerio Público había concluído en que “no podía haberse efectuado el traslado de los líderes de las pandillas, del penal de Zacatecoluca a otros con controles menos rigurosos, sin su conocimiento y autorización” (del entonces ministro de Seguridad Munguía Payés) y por ende del presidente de la República, de quien Munguía dependía directamente como secretario en el ramo de Seguridad.
Consta en el requerimiento fiscal que “no se hubiere logrado el acompañamiento de los convoyes de traslados sin influencia como militar recién retirado y que fungía como Ministro de la Defensa” dice la exposición acusatoria contra Mijango y sus compañeros.
Asimismo, la Fiscalía aseguró pertinentemente que el exdirector de Penales Nelson Rauda y el ex inspector de Penales, Anilber Rodríguez, eran funcionarios que dependían jerárquicamente y en línea directa del ministro Munguía Payés. Este vínculo es mencionado como el que facilitaba emitir sus órdenes, las cuales pasando por el director e inspector de Centros Penales, llegaban finalmente a sus subordinados en los niveles más bajos, equipo criminológico, equipo técnico, y directores de los centros penales”.
Se desconocen los motivos o razones para que la FGR haya suspendido el procedimiento para dilucidar responsabilidades del actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés.
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