El Fiscal General de la República, Luis Martínez, confirmó esta tarde que sí se llevó a cabo la reunión de emergencia que solicitó con el Comisionado presidencial para la Seguridad, Hato Hasbún, aunque a la misma no asistió el ministro de Seguridad y Justicia Benito Lara como lo había solicitado el Fiscal.
Casa presidencial negó rotundamente que la reunión hubiese efectuado y acusó al Fiscal Martínez de no haber acudido a la cita. Sin embargo, el Fiscal publicó esta tarde en su cuenta personal de Twitter, que la reunión sí se llevó a cabo a las 8:00 de la mañana “tal como se acordó con el Comisionado Presidencial”.
La reunión fue solicitada por el Fiscal para que el ministro Lara explicara la supuesta negligencia del director de Centros Penales Rodil Hernández, respecto a los reiterados hallazgos de objetos ilícitos y armas de fuego encontrados en centros penales mediante requisas efectuadas recientemente.
Particularmente, la FGR se refirió al hallazgo en el centro penal de Ciudad Barrios donde fueron encontrados dos revólveres 3.57mm con 54 cartuchos, $6,900 dólares, 94 electrodomésticos, 190 celulares, 215 chips, 1,538 porciones de marihuana, una computadora e impresora, 70 ventiladores y armas blancas.
“Todo esto refleja la situación gravísima en los centros penales, en cuanto al otorgamiento de privilegios a pandilleros terroristas, (…) por eso he pedido la reunión para tomar medidas drásticas de frente a la población”, declaró Martínez ayer.
Martínez señaló que “nuestra misión es terminar con esas acciones de privilegio a los terroristas, y todo apunta a un plan orquestado de consentirlos por parte de las autoridades encargadas”.
La misiva destaca que “la Fiscalía lleva a cabo la investigación de la salida de más de 25,000 dólares en efectivo antes que se llevara a cabo la requisa”.
Por su parte, el director de Centros Penales de El Salvador, Rodil Hernández, dijo en una entrevista televisiva esta mañana que “no hay que sorprenderse que salga todo esto (dinero, electrodomésticos y armas)” porque los sistemas penitenciarios de Centroamérica son “deformes, abandonados y sin presupuesto adecuado”.
Si bien es cierto que los traslados de casi dos mil pandilleros a centros de mayor seguridad es parte integral de un plan, se supo que siempre ha existido renuencia por parte de las autoridades de seguridad a dichos traslados. La semana anterior, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) trasladó a más de 1,800 reos a cárceles de mayor seguridad.
