La Policía Nacional Civil (PNC) llevó a cabo, con instrucciones giradas por la Fiscalía General de la República (FGR), un operativo que incluyó 20 allanamientos la madrugada del martes.
Las acciones son parte de las investigaciones fiscales sobre irregularidades en la ejecución del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), durante la administración del ex presidente Salvador Sánchez Cerén (FMLN).
El Ministerio Público giró órdenes de captura contra el exministro de Obras Públicas, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, conocido por su pseudónimo guerrillero Gerson Martínez, el ex director de Tránsito Edwin Ernesto Flores Sánchez, el ex viceministro de Transporte Nelson Rodríguez y contra el presidente de la Unión de Empresas Sipago-Subes, Miguel Ángel Castaneda Díaz por el caso de supuesta corrupción del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
De acuerdo a la FGR, las investigaciones determinaron que en el años 2015, presuntamente, se concesionó de manera irregular el proyecto de SITRAMSS a la empresa que formó Castaneda junto a otras personas del sector.
El ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el ex viceministro de Transporte, Nelson García, según la Fiscalía, “se encuentran prófugos de la justicia”. Gerson Martinez goza de la condición de «asilado político» en México.
“Por haber autorizado la concesión del carril segregado para uso exclusivo del Sitramss, para los vehículos que estaban autorizados, sin haber cumplido con disposiciones legales, para que la Asamblea (Legislativa) autorizara la concesión, a raíz de una sentencia de inconstitucionalidad”, explicó Rodolfo Delgado, Fiscal General de la República.
Delgado afirmó que las investigaciones señalan a Martínez y a Nelson García de no haber cumplido con el procedimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) para concesionar el carril segregado.
“Estas personas, básicamente conminaron actos de intimidación, para que los transportistas que prestaban servicio en esa arteria, donde se construyó tanto la terminal como la vía del Sitramss, a que entregaran sus líneas de transporte, eso les provocó un perjuicio económico”, explicó Delgado en una entrevista televisada el martes.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional el 10 de junio de 2019 el uso exclusivo del carril segregado del Sitramss por unanimidad.
“El uso privativo del carril segregado y las estaciones implica una restricción del uso libre e indiscriminado de los bienes de uso público en el que se alojan dichas estructuras, de modo que era necesario el otorgamiento de una concesión legislativa específica…Al no existir una concesión legislativa que autorice la explotación de la calle, la resolución carece de toda base habilitan y necesaria que condiciona la validez”, reza un comunicado publicado por la Corte Suprema de Justicia entonces.
De la misma manera, los magistrados de la Sala dieron un año a la Asamblea Legislativa para que decidieran si concede la autorización de la calle donde están construidos los carriles segregados, previa licitación, y las estaciones de buses del Sitramss, de lo contrario “se ordenarán las obras necesarias para habilitar el tránsito entre el actual carril segregado y los carriles contiguos y eliminar las señalizaciones referidas a su exclusividad para el uso de Sitramss”.
La investigación inició con un aviso presentado por el actual ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez el 11 de junio del 2020, de acuerdo con el fiscal de la Unidad de Corrupción.
