La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el miércoles una demanda por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado y exvicepresidente de la Asamblea Legislativa, Rodolfo Parker.
La demanda incluye a su esposa Cristina Wein de Parker y a sus tres hijos, señalados por la Fiscalía de aumentar injustificadamente su patrimonio en 2,3 millones de dólares.
Parker, acérrimo opositor del gobierno, no es el único en ser investigado o procesado por presuntos actos de corrupción en los últimos tiempos en el país.
El actual proceso contra el exlegislador del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC) y contra su familia fue representado ante la Cámara 2° de lo Civil de la Primera Sección del Centro por orden de la Corte Suprema de Justicia, que dice que encontró indicios de enriquecimiento ilícito en la declaración patrimonial del grupo familiar.
Las irregularidades se refieren a depósitos en cuentas bancarias, adquisición de vehículos, compra de viviendas, consolidación de deuda, pagos a tarjetas de crédito y un resultado negativo entre sus ingresos y egresos, según detallaron fiscales del caso.
Agregaron que buscan “que se declare culpable” al exfuncionario y “que devuelva al Estado el dinero por no haberse justificado”.
Según el informe de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el exdiputado disminuyó su patrimonio en el periodo investigado, pero su familia lo aumentó en más de 2,4 millones de dólares.
El proceso por la vía civil busca la recuperación del dinero, aunque no hay un expediente penal iniciado contra ellos.
Parker fue diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Demócrata Cristiano durante 18 años y en los comicios de 2021 buscó reelegirse, pero no alcanzó los votos para continuar en el Congreso. El PDC solo ganó un curul y ahora es aliado del partido oficialista Nuevas Ideas.
Parker era el secretario general del PDC, pero tras quedar fuera en la última elección, fue destituido y ahora la dirigencia apoya al gobierno de Bukele.
Sobre el exdiputado pesa una orden de captura girada en marzo de 2022 por un juzgado de San Salvador, ante acusaciones por delitos de fraude procesal y encubrimiento personal por su supuesta participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras el 16 de noviembre de 1989 perpetrada por un comando elite del Ejército.
Según la Fiscalía, Parker fue asesor jurídico en 1989 del Estado Mayor General de la Fuerza Armada y miembro de la Comisión de Honor creada para investigar a los militares luego de la matanza. Está acusado de haber alterado declaraciones y documentos que incriminaban a algunos oficiales que participaron en los hechos.
La Fiscalía utiliza el caso para perseguir políticamente al ex presidente Alfredo Cristiani, quien tuvo que salir del país debido a la persecución y a intenciones del actual fiscal, Rodolfo Delgado de exhibirlo con «escarnio» en un show político que favorecería al oficialismo.
