Un grupo de ex diputados suplentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) denunciaron el lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el presunto delito de prevaricato.
Según analistas políticos, la acción de los diputados oficialistas forma parte de un plan contra la máxima autoridad constitucional del país, en su afán por desbaratar el único de los tres Poderes del Estado que no está en sus manos.
El pasado 13 de julio, la Sala de lo Constitucional declaró que los diputados suplentes de las Asamblea Legislativa carecen de legitimación porque no fueron elegidos directamente en los comicios, y sentenció que no podrán suplir a un diputado propietario.
También advirtió que para que la próxima legislatura pueda contar con diputados suplentes, estos deberán ser elegidos por medio del voto directo en los próximos comicios.
Mario Zambrano, diputado suplente del FMLN, acompañado de otros 30 diputados de su partido, argumentó que estos tres magistrados “han resuelto peticiones que no les solicitaron” y aseveró que lo han hecho contra las leyes vigentes.
Los diputados rebeldes también han presentado un amparo ante el pleno de la Corte Suprema, integrada por 15 magistrados, en su mayoría de corte izquierdista, y que incluye a los cinco de la Sala de lo Constitucional, pero pidieron convenientemente que “no la conozcan aquellos magistrados que forman parte de la Sala que firmaron la resolución, porque ellos ya emitieron opinión”.
Cometiendo presuntamente el delito de desobediencia, los efemelenistas acusan a los magistrados de haber excedido la petición del demandante, según ellos hubo abusos de facultades y se han violentado la Constitución y otras leyes.
La Fiscalía cuenta con tres días para solicitar a la Asamblea Legislativa el proceso de desafuero de los magistrados de la Sala, en caso de encontrar fundamento en la demanda.
De manera abusiva y prepotente, los ex diputados suplentes del FMLN dijeron que si la Fiscalía no inicia una investigación contra los magistrados, podrían acudir a instancias internacionales, pero esta iniciativa no cuenta con el apoyo del resto de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.
