EU presionó a Guatemala para investigar corrupción: funcionarios

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Todd Robinson, embajador de Estados Unidos en Guatemala desde septiembre de 2014. (DigitalPhoto/agencias/DL)

Ciudad de Guatemala. (Agencias/DL) –  Estados Unidos presionó al ex presidente Otto Pérez Molina para que respaldara una investigación anticorrupción en Guatemala que terminó costándole esta semana su propio puesto, dijeron funcionarios del país centroamericano.

Desde inicios del año, Washington abogó por renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por las Naciones Unidas para apuntalar el débil sistema de justicia local.

Luego de varias reuniones con funcionarios estadunidenses y en medio de masivas protestas en las calles, Pérez Molina aceptó reticente en abril extender la operación de la CICIG por dos años y luego purgar su equipo de colaboradores bajo sospecha de corrupción, empezando por su ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Pero en un dramático desenlace de la crisis política, la Comisión acabó acusando a Pérez Molina de liderar una mafia que cobraba sobornos por importar mercancías defraudando al fisco, avivando un escándalo que lo forzó el miércoles a renunciar.

En las reuniones entre el ex presidente y funcionarios de Estados Unidos, que incluyeron al embajador estadunidense Todd Robinson, el gobierno de Barack Obama ejerció su influencia condicionando su respaldo al plan “Alianza para la Prosperidad”, según dos fuentes gubernamentales de Guatemala.

Ese ambicioso proyecto de 20 mil millones de dólares fue propuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador para revitalizar sus economías y frenar crisis migratorias como la del año pasado. Pérez Molina fue el principal impulsor.

“Estados Unidos insistió al gobierno para que renovara el mandato de la CICIG y dijeron que la Alianza dependía de ello”, dijo un alto funcionario guatemalteco, que pidió no ser identificado por no estar autorizado para declarar.

“El Departamento de Estado también pidió al presidente la dimisión de la vicepresidenta Baldetti a través del embajador Robinson”, agregó la fuente.

La información fue confirmada de manera independiente por otro funcionario que también estuvo al tanto de las charlas.

La Casa Blanca temía que el creciente descontrol en sectores sensibles, como aduanas y la policía, acabara convirtiéndose en una amenaza para su seguridad nacional por la importancia estratégica de Guatemala para combatir el narcotráfico, el crimen y la migración ilegal en la región, dijo la fuente.

Pero las marchas de protesta en las calles siguieron y cuando la Fiscalía ordenó arrestar al presidente del Banco Central y otros funcionarios por malversación en el Seguro Social, Washington propuso una estrategia de “control de daños” para evitar que nuevos escándalos pusieran en peligro los comicios presidenciales del próximo domingo.

“Pidieron sacar a los que estaban señalados por corrupción, pero de forma escalonada, para evitar una imagen de colapso del gobierno. El objetivo era calmar a la gente para poder celebrar las elecciones”, dijo una de las fuentes.

Varios ministros, incluyendo Interior, Energía y Ambiente, dimitieron el 21 de mayo. El 2 de junio renunció el secretario de la presidencia y prometido de la hija del ex presidente, Gustavo Martínez Luna, quien un mes después fue acusado de participar en una red de tráfico de influencias.

Pérez Molina está ahora en prisión preventiva esperando un proceso, en un caso que llevó a detener antes a Baldetti, quien está a la espera de juicio. Tanto Pérez Molina como Baldetti aseguran ser inocentes.

Presión internacional

Oficialmente, el gobierno negó cualquier tipo de influencia directa de Estados Unidos para renovar el mandato de la CICIG o en la decisión “personal” de la ex vicepresidenta de renunciar.

“No ha habido injerencia”, dijo recientemente a Reuters el entonces vicepresidente y hoy mandatario Alejandro Maldonado. “Lo que sí hay es una normal comunicación de intereses”, agregó.

Sin embargo, Pérez Molina aludió a fines de agosto a una supuesta “presión” de la comunidad internacional cuando se defendió de los cargos que le imputan los fiscales, incluyendo cohecho pasivo, asociación ilícita y fraude aduanero.

“No es aceptable que en Guatemala se pretenda instalar una estrategia intervencionista que tiene como objetivo dictarnos qué hacer y no hacer, y quebrantar la democracia”, dijo sin dar más detalles.

Cuatro funcionarios que pidieron no ser identificados confirmaron a la agencia britànica de noticias Reuters estas presiones.

Desde que estalló el primer caso en abril, Pérez Molina mantuvo al menos cinco reuniones privadas en la Casa Presidencial con el embajador Robinson, quien le trasladó sugerencias y peticiones del Departamento de Estado, desde medidas anticorrupción hasta asuntos de seguridad fronteriza o gestión aduanera, dijo una de las fuentes.

Un ex miembro del Gobierno aseguró que esta situación era conocida por el gabinete, aunque nunca se discutió en detalle. Una persona del equipo de trabajo del presidente confirmó los encuentros con Robinson y parte de lo que se trató en ellos.

En Washington, un portavoz del Departamento de Estado se limitó a decir que Estados Unidos “ha animado al Gobierno de Guatemala y a la CICIG a identificar y perseguir la corrupción”.

Cuando se le preguntó si hubo presiones a Guatemala para tomar medidas a cambio de su apoyo a la Alianza, el portavoz dijo que las “investigaciones y los cambios de gabinete reflejan el deseo del pueblo de un liderazgo que efectivamente actúe ante la corrupción y los desafíos de gobierno”.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala y la CICIG no quisieron hacer comentarios para este artículo.

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