El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, destituyó a Serafín Castellano, su delegado en la Comunidad Valenciana, apenas unas horas después de ser detenido por supuesta corrupción en Valencia.
Castellano está implicado en delitos de prevaricación, malversación y cohecho relacionados con una serie de adjudicaciones realizadas durante su etapa de consejero de la Generalitat y fue arrestado en la localidad de Benissanó (Valencia).
Los investigadores también registraron las consejerías de Gobernación, Sanidad e Infraestructuras de la Generalitat, donde requisaron abundante material relacionado con las adjudicaciones que el arrestado realizó durante su etapa de consejero.
La investigación se refiere, en concreto, a las adjudicaciones realizadas durante la etapa de Castellano como consejero a Avialsa, una empresa con la que contrató los medios aéreos para la extinción de incendios. La policía también requisó documentación relacionada con las adjudicaciones a la empresa Taroncher, a la que Castellano adjudicó distintas obras, especialmente en su etapa como consejero de Sanidad, y con la construcción de una pista forestal en el municipio de Viver (Castellón).
La detención del delegado del Gobierno ha vuelto a conmocionar al PP regional que dirige el presidente en funciones de la Generalitat, Alberto Fabra. Su propio partido ha iniciado ya su suspensión cautelar de militancia.
La suspensión se produce apenas tres semanas después de que también haya sido apartado del partido el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por otro escándalo relacionado con el supuesto cobro de comisiones ilegales.
El Consejo de Ministros lo destituyó, también este viernes como delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Castellano fue hasta hoy una de las piezas claves del PP valenciano.
Consejero con Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra, Serafín Castellano recaló en la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana tras los malos resultados electorales de las elecciones europeas del año pasado. Fabra lo tuvo que destituir como número dos del PP regional y consejero de Gobernación presionado por los barones provinciales y lo reubicó, pese a las reticencias de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la Delegación en la Comunidad Valenciana.
Los agentes y el fiscal anticorrupción, Vicente Torres, permanecieron toda la mañana en el interior de la vivienda de Castellano en la localidad de Benissanó, en la provincia de Valencia, población de la que fue alcalde.
El juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, en funciones de guardia, dirige la operación en la que se están practicando distintos registros. También fueron detenidas, hasta el momento, otras ocho personas. La causa está bajo secreto y la operación continúa, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
De las pesquisas se encarga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los agentes le investigan por presuntos favores a Avialsa, una empresa a la que le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de consejero de Gobernación. Castellano coincidió con el presidente de Avialsa en diversas cacerías que, supuestamente, le habría regalado un rifle de caza.
La operación policial inició poco antes de las 7.30 horas de la mañana. A las 14 horas, tras permanecer incomunicado toda la mañana, un automóvil policial salió de la vivienda con el delegado del Gobierno esposado, previsiblemente, hacia el juzgado de Sagunto donde se le tomará declaración. El equipo del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana se vio sorprendido por la detención de Castellano, con el que no ha podido comunicarse.
Esta operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa –empresa adjudicataria de dichos contratos– en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por la consejería dirigida por Castellano a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.
La detención del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana salpica la última institución que había permanecido al margen de los escándalos de corrupción del PP que dirige Alberto Fabra.
Diputaciones, grandes ayuntamientos, empresas públicas y numerosos departamentos del Gobierno de la Generalitat, gobernados por el PP, se han visto implicados en tramas de corrupción, generalmente por cobro de comisiones o regalos a cambio de concesiones y contratas que han servido, en parte, para financiar a los populares valencianos.
Alberto Fabra anunció esta semana que no volverá a repetir como presidente del PP regional tras los malos resultados obtenidos que él mismo ha achacado en gran medida a los escándalos de corrupción que han afectado a su partido y la falta de respuesta ante los mismos.
