Por Eduardo Vázquez Bécker.- Los abogados del empresario Enrique Rais anunciaron este jueves que han denunciado en la Fiscalía General de la República al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Armando Pineda Navas, a quien acusan de cometer actos arbitrarios e incumplimiento de deberes en perjuicio de la Administración de Justicia y subsidiariamente de su cliente, el empresario Enrique Rais.
Los abogados, que también ejercen la defensa técnica de su patrocinado, detallan en su denuncia los pormenores que dieron lugar a diversos juicios “fabricados” por el ex fiscal Douglas Meléndez, con el fin de favorecer a competidores desleales cuya pretensión sigue siendo la de disputarle sus derechos como propietario legítimo de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos MIDES.
En la relación de hechos, también detallan los actos realizados y no realizados por Pineda Navas en su doble función de presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional, con los cuales se violaron derechos fundamentales del señor Rais.
Ante esa actitud, dicen los abogados de Rais, su cliente se vio obligado a recurrir para ante el Grupo de Trabajo Contra la Detención Arbitraria GTDA de las Naciones Unidas, la que después de una ardua revisión de lo expuesto por el empresario Rais, concluyo en que el empresario fue objeto de una detención arbitraria violando sus derechos civiles y políticos. El GTDAl pidió al gobierno salvadoreño, a través de sus órganos jurisdiccionales, que se pusiera remedio a esa situación “cesando sin dilación alguna” la persecución penal contra el señor Rais”, lo que equivale a ordenar la nulidad de los procesos inventados en su contra; es decir, que se le restituyan sus derechos civiles y políticos inmediatamente.
El Fiscal General de la República helvética de Suiza, donde también estaba siendo procesado Enrique Rais, respondió de inmediato a la resolución del GTDA de las Naciones Unidas y procedió a cancelar por sobreseimiento iniciado en ese país.
La cancillería de la Republica, respetuosa de los Tratado y Convenios así como de sus disposiciones, cumplió con la recomendación de publicar en todos los medios; sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, que era el llamado a dar cumplimiento a la petición del GTDA, de que se pusiera fin a la persecución penal contra el empresario Rais, hizo caso omiso de ello, incurriendo en el delito de Incumplimiento de Deberes por el que ha sido denunciado ante la FGR.
Las resoluciones y recomendaciones de los organismos internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por El Salvador y de los cuales es signatario el país, tienen carácter vinculante y deben ser honrados por nuestros funcionarios pues son leyes de la república. Ahí radica el fundamento de los abogados de Rais en su denuncia de incumplimiento de deberes, entre otras figuras delictivas cometidas en contra de los derechos humanos del empresario Rais y por lo tanto contra el Principio de Legalidad que debe imperar en el debido proceso.
El GDTA de ONU, resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López fue arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”. En cualquier país donde se respete el estado constitucional de derecho, los juicios por los que sigue siendo atropellado el señor Rais, ya hubieran sido tirados a la basura.
Los abogados del empresario Rais señalan en su denuncia, que Pineda Navas no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA de poner fin a la persecución penal contra Rais, garantizando la plena libertad de este así como el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, como los ex fiscales Douglas Meléndez y Raul Melara quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.
