La embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, mostró en su cuenta de Twitter su apoyo a la Ley de Extinción de Dominio y aseguró que es una importante herramienta para las autoridades en el combate a la corrupción. La embajadora se refirió de esa manera a dicha ley que fue discutida este martes en un Foro patrocinado por el Diario de Hoy. “Para crear un mejor futuro económico, El Salvador necesita mantener el rumbo en la lucha contra la corrupción”, dijo en su twitter la embajadora Manes.
En el Foro participaron, además de analistas del diario un equipo de connotados abogados expertos en Derecho Constitucional entre ellos el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador René Hernández Valiente.
La embajadora Manes no especificó si apoya la ley como está contemplada actualmente o si estaría de acuerdo con las modificaciones que algunos abogados constitucionalistas y penalistas del país señalan como necesarias.
La Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado confiscar bienes, fue avalada en el 2013 con 82 votos de la Asamblea Legislativa.
El aval de esta ley fue clave para que el país pudiera tener los fondos para el Fomilenio II, programa financiado por EE.UU., con $227 millones , a través de la Corporación del Reto del Milenio, más $88.2 aportados por El Salvador.
La Ley de Extinción de Dominio es una importante herramienta para las autoridades en el combate contra la corrupción.
— Jean Manes (@USAmbSV) July 11, 2017
Mientras que la embajadora Manes da su visto bueno a esta a la Ley de Extinción de Dominio, los abogados coincidieron en que esta norma viola los principios y garantías contempladas en la Constitución al embargar bienes de procesados que aún no han sido condenados.
El artículo 106 de la constitución dice que “se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto y establece que las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Según la Ley de Extinción, los bienes confiscados son imprescriptibles.
Cuatro abogados coincidieron en el carácter confiscatorio de dicha ley viola principios y garantías contempladas en la constitución, especialmente el que se refiere al Debido Proceso ya que con su aplicación, el Estado confisca las propiedades de procesados protegidos por el principio de inocencia.
El abogado Lisandro Quintanilla fue el primero en declarar que la Ley de Extinción de Dominio lleva a una confiscación de bienes, sin que exista respeto a la garantías establecidas en la Constitución y el debido proceso. Quintanilla es uno de los abogados del expresidente Elías Antonio Saca cuyos bienes están en proceso de ser sujetos de la Ley de Extinción de Dominio.
Por su parte, el exministro de Justicia y Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, dijo que a nadie pueden quitarles sus cosas (bienes) mientras no haya un elemento sustantivo que lo vuelva responsable, es decir, mientras no se compruebe que los bienes fueron obtenidos mediante fondos ilícitos.
El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, no comparte la idea de reformar la LED afirmando que de hacerlo ” tendriámos que pedirle permiso a los delincuentes” para hacerlo.
Tanto los patrocinadores del Foro como de los participantes la Ley de Extinción de Dominio tiene su importancia en el combate a la delincuencia y el crimen organizado pero la misma debe estar adecuada a la protección de las garantía constitucionales de todos los ciudadanos estén siendo procesado o no.
Los abogados, además, detallaron que, a diferencia de las medidas cautelares establecidas en el Código Civil y Mercantil, la Ley de Extinción de Dominio faculta a la Fiscalía para que esta una vez dicte la medida en la etapa de investigación, luego se aboque a un juzgado para su ratificación.
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