El Salvador se sigue endeudando: $660 nillones más en un solo día
En apenas una sesión plenaria, la Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó el martes 21 de abril nuevos compromisos financieros que suman más de $660 millones en deuda adicional para el Estado, en un contexto en que las finanzas públicas del país ya registran uno de los niveles de endeudamiento más altos de toda América Latina. Los votos los pusieron, como es costumbre desde 2021, los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados.
Los diputados oficialistas y sus aliados autorizaron dos préstamos que totalizan más de $576 millones, destinados a programas de salud digital y educación. El primero y más abultado, por $501,253,133, fue suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el programa «Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital», ratificado con 56 votos. El segundo, por $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), financiará la segunda fase del sistema de telemedicina Doctor SV, enfocada en la atención de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
Pero los legisladores no se detuvieron ahí. En la misma sesión plenaria, la número 106, con 56 votos, aprobaron incorporar $80 millones adicionales al presupuesto del ramo de Economía, destinados a estimular inversiones estratégicas. La fuente de ese financiamiento no es un préstamo multilateral sino emisión de deuda interna: la colocación de títulos valores, y esto se suma a los $100 millones en títulos valores que los parlamentarios también avalaron el pasado 15 de abril para que el Gobierno los destine a prioridades estratégicas.
Una señal de alerta sobre la transparencia con que se manejan estos fondos la dio la diputada de oposición Cesia Rivas, del partido VAMOS, quien fue la única voz crítica del día. Rivas votó en contra del préstamo de $501 millones argumentando que, aunque «es muy bonito escuchar que va a haber una inversión a nivel digital», el artículo 2 del decreto estipula que los recursos también pueden utilizarse para gasto corriente y compromisos generales del Estado. «El discurso es una cosa, pero lo que dice el documento es otra», sentenció.
En el caso de los $80 millones para el ramo de Economía, ningún legislador se refirió sobre el tema en el pleno, y no se dieron detalles sobre las acciones, planes o proyectos a ejecutar. Tampoco el decreto los menciona, según el registro legislativo. Vale anotar que el presupuesto del Ministerio de Economía para 2026 es de apenas $64.5 millones, por lo que el refuerzo aprobado supera en más del 100% el presupuesto original de esa cartera.
Para entender la magnitud de lo que se aprobó esta semana, hay que dimensionarlo sobre el estado actual de las finanzas públicas salvadoreñas. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la deuda pública de El Salvador aumentó en $294 millones, pasando de $33,807 millones a $34,101 millones. Y cuando se aprobó el acuerdo con el FMI en diciembre de 2024, la deuda pública representaba el 90% del PIB; desde entonces ha crecido en casi $2,000 millones y ya representa el 92%.
La deuda total del Sector Público No Financiero (SPNF), incluyendo compromisos por pensiones, superó los $32,613 millones al cierre de noviembre de 2025, representando el 89.1% del Producto Interno Bruto. En términos simples: por cada cien dólares que produce la economía salvadoreña, el Estado debe más de noventa.
Con los $660 millones aprobados el martes, ese marcador —ya de por sí en zona de riesgo— recibirá una presión adicional. Si la deuda ya rondaba los $34,101 millones en febrero, la nueva carga llevaría el total a aproximadamente $34,761 millones, aún sin contabilizar otros compromisos adquiridos en marzo y en las primeras semanas de abril.
El patrón de endeudamiento bajo la administración Bukele no es nuevo ni menor. En los gobiernos de Nayib Bukele, la deuda pública ha crecido en $14,296 millones, un 72%, un monto que supera el aumento total de los tres gobiernos anteriores combinados.
Y el ritmo se ha acelerado en los últimos meses. Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea autorizó 19 préstamos por $2,733.7 millones. Sumando los aprobados esta semana, se supera la barrera de los $3,000 millones en algo más de un año. Además, en 2025 la Asamblea ya había aprobado más de $3,769.6 millones en distintas operaciones de endeudamiento.
El escenario tiene una contradicción difícil de ignorar. El Gobierno de Bukele se ufanó de haber presentado por segundo año consecutivo un presupuesto «balanceado y sin financiamiento adicional». La Asamblea aprobó el presupuesto 2026 que asciende a $10,555.6 millones, financiado completamente con ingresos propios, sin brecha presupuestaria y con cero dólares de déficit declarado. Sin embargo, en paralelo, los mismos legisladores que aprobaron ese presupuesto han venido autorizando semana tras semana contratos de préstamos y reformas presupuestarias que incorporan deuda nueva a través de otras ventanas, ya sea mediante contratos con multilaterales o mediante la emisión de títulos valores.
El economista Rafael Lemus lo advirtió con claridad: «lo preocupante es que se partió de un nivel de deuda del 87% del PIB en 2024 y lo más probable es que se cierre cercano al 90% en 2025. Ha sido un programa de ajuste que el primer año de implementación aceleró la dinámica de la deuda. Es una desviación de las metas cuantitativas fiscales. Y el presupuesto de 2026 es más continuidad de desviaciones.»
El costo de esta política de endeudamiento revela otro frente problemático: el 34% de la deuda aplica tasas de interés de entre 6% y 8%, mientras que al menos un tercio debe pagar intereses que superan el 9%. Eso significa que una parte creciente del presupuesto nacional se va en el simple pago del servicio de esa deuda, comprimiendo el espacio disponible para inversión social. De hecho, una cuarta parte del presupuesto 2026 se utilizará para abonar a la deuda.
El acuerdo vigente con el FMI —del que depende la estabilidad financiera del país— establece metas de reducción de la relación deuda/PIB: el programa contempla que la deuda sea del 80% del PIB para 2030, del 75% para 2035 y por debajo del 70% para 2045. Con el ritmo actual de endeudamiento, esos objetivos lucen cada vez más distantes.
El Salvador ya es el país más endeudado de Centroamérica, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Y con cada sesión plenaria de la Asamblea, ese récord se consolida un poco más.
