Guatemala: Autoridades realizan más de 160 allanamientos contra la extorsión
La Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP) lideró el operativo Impacto contra las Extorsiones en la zona 1 de la ciudad de Guatemala donde se capturó a Jesús Alejandro L., miembro de la clica Leeward Locotes Salvatrucha. El detenido, según la investigación oficial, exigía y recaudaba pagos de entre Q1,000 y Q7,000 semanales a empresas de transporte que operan en el departamento de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía, la estructura criminal respondía a instrucciones de Daniel F., conocido como El enano, quien cumple condena por asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y exacciones intimidatorias. Las órdenes dirigidas a Jesús Alejandro L. provenían directamente de este líder recluido.
Las diligencias para localizar y detener a Jesús Alejandro L. fueron lideradas por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión como parte del despliegue del operativo Impacto contra las Extorsiones, según informó el Ministerio Público.
La Policía Nacional Civil realiza más de 160 allanamientos contra la extorsión en seis departamentos
En paralelo, La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este miércoles la realización de 164 allanamientos en 15 municipios de seis departamentos de Guatemala como parte de acciones para combatir la extorsión. Durante una de estas intervenciones, en la 48 avenida y 16 calle de la zona 5, fue aprehendido Elmer, de 46 años, a quien autoridades incautaron 205,589 quetzales en efectivo al no justificar su origen.
Las diligencias, según la PNC, buscan obtener indicios que fortalezcan investigaciones abiertas y permitir la ejecución de órdenes de captura vinculadas a casos de extorsión.
Uniformados de diferentes unidades especializadas y fiscales del Ministerio Público coordinaron los operativos, que se desplegaron simultáneamente en municipios del departamento de Guatemala—incluyendo Villa Nueva, Mixco, San Miguel Petapa, Fraijanes y Santa Catarina Pinula—, así como en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Baja Verapaz, Retalhuleu y Escuintla.
Estado de prevención en cinco departamentos de Guatemala
El Gobierno de Guatemala estableció este martes un nuevo estado de prevención en los departamentos de Guatemala, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos, una medida que se aplicará durante 15 días con el propósito de fortalecer la seguridad y prevenir agresiones de maras o bandas criminales contra las autoridades civiles. El Decreto Gubernativo 6-2026, publicado en el Diario de Centro América, otorga a las fuerzas de seguridad un marco legal ampliado para operar de manera excepcional en dichas regiones, donde se encuentran centros de detención o áreas fronterizas de especial riesgo, según informó el Ejecutivo.
Como parte de la ejecución del nuevo decreto, el presidente Bernardo Arévalo ordenó simultáneamente la eliminación del estado de prevención previamente vigente en los departamentos de Petén, Quetzaltenango y Sacatepéquez, luego de que se completaron los 15 días de aplicación estipulados, conforme a lo informado por el Gobierno en el Diario de Centro América.
La decisión de prorrogar la restricción en cinco departamentos responde a la continuidad de amenazas específicas detectadas por las autoridades en zonas estratégicas. De acuerdo con el Ejecutivo, se mantiene la necesidad de “ejecutar acciones excepcionales” en aquellos lugares donde la presencia de organizaciones criminales representa un desafío al orden público y a la integridad de la población. Este esquema faculta a las fuerzas de seguridad a operar bajo un régimen de excepción que, según el decreto, tiene como prioridad “garantizar la protección ciudadana” y preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Alcance de las restricciones en cinco departamentos
Estas medidas, contempladas en la Ley de Orden Público, incluyen la limitación de reuniones o manifestaciones al aire libre, la posibilidad de disolver por la fuerza concentraciones públicas violentas y la prohibición o regulación de la circulación y el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horarios determinados. El Gobierno ha añadido que se podrá “impedir desplazamientos interdepartamentales y someter a registro a los vehículos”, con acciones orientadas únicamente hacia personas vinculadas a la infracción legal.
El decreto aclara que las restricciones no se aplicarán a quienes desarrollan labores en beneficio del país. También estipula una salvaguarda contra cualquier discriminación por motivos de etnia, sexo, idioma, religión u origen social, y subraya el respeto a la accesibilidad de garantías judiciales básicas, en línea con la Constitución Política de la República y las obligaciones internacionales de Guatemala.
El instrumento legal establece una temporalidad exacta de 15 días a partir de su entrada en vigor, y su renovación o finalización dependerá de nuevas evaluaciones de riesgo por parte del Ejecutivo.
