El presidente Nayib Bukele anunció el domingo que El Salvador recibió a 238 miembros de la organización criminal Tren de Aragua, quienes fueron trasladados desde Estados Unidos bajo órdenes del presidente Donald Trump, pese a que un juez había ordenado frenar las deportaciones.
“Quiero expresar mi sincero agradecimiento al presidente Nayib Bukele de El Salvador por desempeñar un papel fundamental en este traslado”, dijo el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, en un comunicado también el domingo.
Los detenidos llegaron en un vuelo al aeropuerto internacional de El Salvador y fueron trasladados de inmediato, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, al Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT) la prisión más grande y nueva del país, con una capacidad máxima para 40,000 reos y que cuenta con poco más de 20,000 inquilinos en la actualidad.
El Salvador y Washington alcanzaron un acuerdo para remover a criminales convictos de Estados Unidos tras una reunión entre Bukele y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a principios de febrero. Rubio realizó una gira por varios países de Centroamérica para consolidar el apoyo regional a la política de inmigración de la administración Trump.
Rubio agradeció a Bukele, a quien considera un “amigo” de Estados Unidos y “el líder más fuerte de la región”, ya que con el acuerdo mantendrá a los detenidos en las prisiones a un “precio justo” y eso “ahorrará dinero a los contribuyentes estadounidenses”, escribió el secretario de Estado.
Los migrantes fueron deportados tras la proclamación de Trump sobre la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que ha utilizada únicamente tres veces en la historia de Estados Unidos.
La ley, invocada durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 1812, requiere que un presidente declare que Estados Unidos está en guerra, otorgándole poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros que de otro modo tendrían protecciones bajo las leyes penales o de inmigración. Se utilizó por última vez para justificar la detención de civiles japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
En un comunicado el domingo, el gobierno de Venezuela rechazó el uso de la proclamación de Trump sobre la ley, destacando que ésta “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis”.
El Tren de Aragua se originó en una prisión reconocida por su anarquía en el estado central de Aragua y acompañó a un éxodo de millones de venezolanos, la abrumadora mayoría de los cuales buscaba mejores condiciones de vida después que la economía de su nación se desmoronó la década pasada. Trump aprovechó la situación de la pandilla durante su campaña para describir escenas engañosas de comunidades que él afirmaba estaban “tomadas” por lo que en realidad eran un puñado de infractores.
Estados Unidos también envía a supuestos miembros de la pandilla MS13
Además de los miembros del Tren de Aragua, el gobierno de EE.UU envió a 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha MS13 a El Salvador, quienes eran buscados por la justicia salvadoreña, agregó Bukele en su publicación.
Entre esos detenidos hay dos supuestos líderes. “Uno de ellos es miembro de la estructura más alta de la organización criminal”, señaló el presidente salvadoreño. Bukele argumenta que la entrega de estos sujetos ayudará a las fuerzas del orden a reunir información de inteligencia y aprehender a nuevos y viejos supuestos miembros de pandillas, así como a incautar dinero, armas, drogas e identificar escondites, colaboradores y patrocinadores.
$6 millones por recibir a los deportados
El gobierno de El Salvador habría acordado recibir aproximadamente 300 pandilleros deportados desde Estados Unidos, incluyendo miembros de la pandilla venezolana “Tren de Aragua”, a cambio de $6 millones por un año de alojamiento en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esto equivale a un costo aproximado de $20,000 por cada prisionero durante ese período. Este acuerdo forma parte de las negociaciones entre el gobierno de Donald Trump y el de Nayib Bukele.
El Gobierno estadounidense no ha provisto de pruebas sobre la presunta vinculación de los detenidos con las pandillas mencionadas.