El Gobierno salvadoreño expulsó a tres venezolanos que ocupaban «altos cargos ejecutivos» en la empresa ALBA Petróleos de El Salvador, ligada a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) e investigada por Lavado de Dinero, por «no contar con los permisos de trabajo respectivos».
Una portavoz de la Dirección General de Migración y Extranjería explicó a periodistas el jueves que los suramericanos, quienes percibían sueldos de entre 5.000 y 8.500 dólares, «abandonaron el país el pasado 3 de agosto».
Señaló, sin detallar, que tanto a los venezolanos, que vivían en zonas residenciales de lujo, como a la empresa para la que trabajan, se les impuso una multa económica.
El portavoz de Migración añadió que las expulsiones de los extranjeros «obedecen a diversas legislaciones» que dictan «su aplicación», entre ellas la Constitución de la República, la Ley Especial de Migración y de Extranjería, y la Ley de Procedimientos Administrativos.
El pasado 31 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) allanó la sociedad ALBA Petróleos y las empresas ALBA Alimentos de El Salvador, ALBA Gas y otras 24 relacionadas a dicha sociedad como parte de una investigación que realiza por supuesto lavado de dinero.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha brindado más información sobre el proceso.
ALBA Petróleos fue formada en 2006 por la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y alcaldías del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en la oposición.
La empresa mixta maneja una terminal y una cadena de distribución de combustibles en El Salvador y ha ampliado sus negocios hacia otros sectores económicos.
Desde 2012, ALBA Petróleos también opera ALBA Alimentos, que también otorga créditos a campesinos y pequeños productores agropecuarios, cuyos productos saca del país y en pequeña escala distribuye en el mercado local.
El responsable de liderar la millonaria inversión de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en ALBA Petróleos de El Salvador es el político efemelenista José Luis Merino, a quien Estados Unidos pidió investigar por supuestos nexos criminales.
En julio de 2016, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, reveló que Merino era investigado desde 2014 por supuestamente traficar drogas y armas con la guerrilla colombiana FARC.
