“El Salvador acumula cuatro homicidios registrados durante septiembre, ¿el fin de una ilusión?”
El mismo mes en que la Policía Nacional Civil (PNC) celebra en redes sociales catorce jornadas sin homicidios y el gobierno conmemora más de 1,300 días acumulados sin muertes violentas desde 2019, septiembre de 2026 cierra su tercera semana con cuatro asesinatos confirmados, dos de ellos feminicidios ocurridos con menos de 48 horas de diferencia. La aparente contradicción entre el relato oficial de “país más seguro del hemisferio occidental” y los casos que sí ocurren, semana tras semana, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que organizaciones de derechos humanos llevan años planteando: ¿qué tan completa es la fotografía que el Estado salvadoreño le muestra a su población?
Cuatro casos, tres semanas
El primer homicidio de septiembre ocurrió el día 8 en Acajutla, Sonsonate Oeste, donde un hombre de 60 años, identificado extraoficialmente como Jacobo Raymundo, fue hallado sin vida en un terreno de cultivo. La PNC inspeccionó inicialmente la escena como un fallecimiento natural; solo la autopsia determinó que el cuerpo presentaba laceraciones y una herida de arma blanca, y que se trataba, en realidad, de un homicidio.
Los otros tres casos se concentraron en apenas 48 horas, entre el 19 y el 20 de septiembre. En Teotepeque, La Libertad Costa, una mujer murió tras ser agredida con un objeto contundente por su pareja, quien posteriormente ingirió veneno y falleció en una unidad de salud. Un día después, en el cantón Toponahuaste, distrito de Ciudad Barrios, San Miguel Norte, María Alicia Hernández, de 30 años, fue atacada a machetazos por su pareja, William Omar L., de 40 años, quien fue capturado y será procesado por homicidio agravado. El cuarto caso se registró el 20 de septiembre en Chalchuapa, Santa Ana Oeste, donde se halló el cuerpo en avanzado estado de descomposición de una mujer cuya identidad, edad y circunstancias del crimen las autoridades no han revelado.
Ese recuento de septiembre llega después de que agosto cerrara con seis homicidios distribuidos entre Morazán, Ahuachapán, Santa Ana, San Salvador, La Unión y Apopa, según el propio registro diario que la PNC publica en sus redes sociales.
La “nueva violencia”: Cuando el agresor ya no es pandillero
El patrón que emerge de los casos recientes coincide con una tendencia que las propias autoridades han reconocido, aunque de forma dispersa: la violencia que persiste en El Salvador, tras años de régimen de excepción y el debilitamiento de las estructuras pandilleriles, ya no tiene el mismo rostro que hace una década. Entre enero y mayo de 2026, el país registró 34 homicidios intencionales, de los cuales 27, equivalentes al 79.4%, fueron clasificados como casos de intolerancia, es decir, conflictos interpersonales, de pareja o comunitarios, y no hechos atribuibles a estructuras de crimen organizado. La propia PNC ha reconocido en balances recientes que más de la mitad de los homicidios del país están vinculados al consumo de alcohol, y que la mitad de esos hechos se cometieron con arma blanca.
Dentro de esa “nueva violencia” destaca, con particular crudeza, la que se ejerce contra las mujeres. De los cuatro homicidios de septiembre, al menos dos correspondieron a feminicidios cometidos por parejas de las víctimas. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) había documentado, hasta el 31 de agosto de este año, 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres durante 2026, diez de ellos atribuidos a parejas o exparejas. El dato revela, además, un vacío estadístico de fondo: en El Salvador las autoridades no registran de forma separada los asesinatos de mujeres como feminicidios ni publican bases de datos públicas específicas para esos casos, lo que obliga a organizaciones civiles a reconstruir el fenómeno caso por caso, a partir de notas policiales y de prensa.
La otra cara de la cifra: Lo que no se cuenta como homicidio
El debate sobre la precisión de las estadísticas oficiales de seguridad no es nuevo en El Salvador, pero ha cobrado renovada relevancia cada vez que el gobierno celebra públicamente rachas de días o meses sin homicidios. Organizaciones como Cristosal han documentado, desde el inicio del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que las cifras diarias que divulga la PNC excluyen categorías completas de muertes violentas. Según la organización, desde mayo de 2021 el hallazgo de restos óseos correspondientes a hechos de años anteriores dejó de reportarse en las estadísticas de muertes violentas diarias, y las muertes provocadas por agentes de la PNC o de la Fuerza Armada en enfrentamientos tampoco se contabilizan como homicidios, pese a que, según la jurisprudencia citada por especialistas, la definición legal de homicidio no distingue quién ejecuta el acto.
La abogada Zaira Navas, de Cristosal, y el criminólogo Carlos Carcash han señalado en análisis previos que, si bien es probable que los homicidios atribuibles directamente a pandillas hayan caído de forma real y significativa, resulta imposible determinar con precisión la magnitud de esa reducción, dado que “no hay transparencia en los datos” ni “son de fácil acceso” para verificación independiente. La propia Cristosal documentó que la PNC declaró como información reservada por siete años, mediante resolución de agosto de 2022, los datos desagregados sobre homicidios que la organización había solicitado por la vía del acceso a la información pública. Según un informe de la organización, funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fueron sancionados por encubrir acciones gubernamentales que impedían ese control ciudadano sobre las cifras de seguridad.
Las autoridades salvadoreñas, por su parte, han insistido en que la reducción histórica de homicidios —de cifras de cuatro dígitos anuales antes de 2019 a apenas 82 homicidios intencionales en todo 2025, según cifras divulgadas por el propio director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas— es un logro verificable del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, y ha convertido esa narrativa en uno de los pilares centrales de su discurso político, tanto interno como de cara a organismos internacionales.
¿El fin de una ilusión?
Ninguno de los cuatro homicidios de septiembre, ni los seis de agosto, contradice por sí solo la reducción real y sostenida de la violencia homicida que distintos organismos internacionales, incluidos observatorios independientes, han constatado en El Salvador durante los últimos años. Lo que sí exponen estos casos, en su detalle, es la persistencia de un tipo de violencia que las cifras triunfalistas de “cero homicidios” diarios no logran capturar del todo: la que ocurre puertas adentro, entre parejas, dentro de comunidades, sin que medie una estructura criminal organizada, y que en varios de estos casos solo se confirmó como homicidio después de una autopsia, no de una alerta inmediata.
La pregunta que titula esta nota no busca una respuesta categórica, porque los datos disponibles, precisamente por su opacidad parcial, no permiten una. Pero si de algo dan cuenta los cuatro casos de septiembre, es de que la ilusión de un país completamente libre de homicidios sigue chocando, mes tras mes, con la realidad de casos concretos, con nombre y apellido cuando las autoridades los revelan, y sin ellos cuando deciden no hacerlo.
