El riesgo de ganar la seguridad y perder el Estado
En El Salvador se está consolidando una narrativa peligrosa: que la seguridad, por sí sola, justifica cualquier sacrificio institucional y cualquier costo económico. Es una premisa eficaz en el corto plazo, políticamente rentable, pero profundamente riesgosa cuando se examina desde la perspectiva de la sostenibilidad democrática.
Nadie puede negar los resultados en materia de reducción de la violencia. Pero el problema nunca ha sido ese. El problema es el precio —y quién lo paga—.
La prolongación indefinida del régimen de excepción y la introducción de la cadena perpetua no son simples ajustes legales; representan una reconfiguración estructural del Estado. Y cuando las reglas del juego cambian de forma tan profunda, la pregunta no es si funcionan hoy, sino qué consecuencias tendrán mañana.
Las advertencias de la Organización de las Naciones Unidas no son anecdóticas ni ideológicas. Son señales de alerta sobre un patrón que la región conoce demasiado bien: la normalización de medidas extraordinarias hasta convertirlas en permanentes. Y cuando lo excepcional se vuelve regla, el Estado de derecho deja de ser un marco y pasa a ser una variable.
Más inquietante aún es la ausencia de contrapesos efectivos. La Asamblea Legislativa de El Salvador ha acompañado de forma sistemática estas decisiones, reduciendo el espacio para el debate real. En ese contexto, la institucionalidad no desaparece, pero sí pierde su función esencial: limitar el poder.
Paralelamente, el país enfrenta una presión económica que golpea sin discursos ni propaganda. El aumento en los precios de los combustibles está operando como un ajuste silencioso sobre toda la economía. No requiere decretos ni votaciones: se filtra automáticamente en cada rincón del sistema productivo.
El transporte se encarece. La producción sube de costo. Los alimentos llegan más caros. Y al final, la factura la pagan los mismos de siempre: los hogares que no tienen margen para absorber nuevos golpes.
Aquí es donde el discurso oficial encuentra su mayor contradicción. Mientras se proyecta una imagen de control absoluto en seguridad, la economía cotidiana revela una realidad distinta: vulnerabilidad, presión inflacionaria y pérdida de capacidad adquisitiva.
El riesgo no es solo económico. Es político y social.
Un país donde se reducen los espacios de garantías mientras aumenta el costo de vida no se estabiliza: se tensiona. Y esa tensión no siempre es visible en las estadísticas inmediatas, pero termina emergiendo de formas más complejas y menos controlables.
La pregunta de fondo no es si el modelo actual funciona. La pregunta es si es sostenible.
Porque la historia demuestra que los modelos que concentran poder y trasladan costos hacia la población pueden sostenerse por un tiempo, pero rara vez lo hacen sin consecuencias.
El Salvador está, hoy, en esa encrucijada.
ditorialY las decisiones que se tomen —o se eviten— en este momento definirán si el país logra consolidar un verdadero equilibrio o si termina atrapado en un modelo donde la seguridad se mantiene… a costa de todo lo demás.
