El BID otorgó 250 millones en préstamo a El Salvador para la lucha contra el COVID-19

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó el jueves la aprobación de un préstamo de 250 millones de dólares a El Salvador para financiar las medidas de contención de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.

El organismo financiero aseguró que con esos fondos las autoridades salvadoreñas podrán mitigar el impacto de la enfermedad sobre los hogares vulnerables y promover políticas que reduzcan su efecto en la economía y atenúen la caída de ingresos fiscales a corto plazo.

Como contrapartida, el Gobierno salvadoreño se compromete con la entidad a reducir el déficit fiscal, focalizar la inversión pública en áreas de alta relevancia para la reactivación económica y mantener una economía competitiva y transparente una vez que se supere la emergencia sanitaria.

Esta medida responde así a una necesidad generada en El Salvador desde que empezara a ejecutar un conjunto de acciones con el objetivo de atender a personas y empresas directamente afectadas por la emergencia sanitaria.

Según explica el BID en un comunicado, estas iniciativas incluyen la suspensión temporal del pago de servicios como agua potable, electricidad y telecomunicaciones, la entrega de 300 dólares a casi 1,5 millones de familias vulnerables que perdieron su fuente de ingresos, un bono mensual de 150 dólares a los empleados públicos esenciales y la prórroga del pago del impuesto sobre la renta del ejercicio 2019 a varios tipos de sujetos pasivos.

«Los efectos de la pandemia en las finanzas públicas, en particular el monto importante de endeudamiento requerido para atender la emergencia, requerirán de medidas decisivas en el mediano plazo para proteger la estabilidad macroeconómica, por lo que este crédito también se sustenta en el compromiso del Gobierno de implementar medidas en el mediano plazo orientadas a disminuir la deuda pública en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal», comentó el BID sobre este préstamo.

El crédito tiene un plazo de amortización de siete años, un período de gracia de tres y una tasa de interés basada en LIBOR.