El alza del gas reconfigura la vida cotidiana de los salvadoreños
El inicio de 2026 sorprendió a miles de hogares salvadoreños con un nuevo ajuste en el precio del gas licuado de petróleo (GLP), un insumo esencial para la preparación de alimentos y el funcionamiento de pequeños negocios. El cilindro de 35 libras, ampliamente utilizado en pupuserías, panaderías y cocinas familiares, pasó de $14.75 a $15.19, un incremento que, aunque aparentemente moderado, se siente con fuerza en una economía doméstica marcada por ingresos limitados y un costo de vida en ascenso.
El impacto del alza va más allá de la cifra. Para muchas familias, el gas es un gasto fijo imposible de sustituir. En colonias y mercados, el tema se comenta con resignación y preocupación. “Un dólar más parece poco, pero en un mes se siente; es dinero que se deja de usar en otra cosa”, relata una comerciante del centro de San Salvador, quien asegura que el aumento la obliga a evaluar si sube el precio de sus productos o reduce su margen de ganancia.
El Gobierno ha reiterado que el subsidio al gas funciona como un amortiguador social. Para los hogares que califican, el costo del cilindro se mantiene en $7.15, una medida que, según las autoridades, protege a los sectores más vulnerables del impacto de la inflación internacional y de la volatilidad en los mercados energéticos. Sin embargo, para quienes no acceden al beneficio, el ajuste se suma a una cadena de aumentos que incluyen alimentos, transporte y servicios básicos.
En el sector informal, donde miles de salvadoreños dependen de la venta diaria para subsistir, el alza del gas plantea dilemas inmediatos. Pequeños negocios enfrentan la disyuntiva de trasladar el aumento al consumidor —con el riesgo de perder clientela— o absorber el costo, reduciendo ingresos ya de por sí ajustados. “Cada incremento nos empuja a trabajar más para ganar lo mismo”, comenta un panadero que utiliza varios cilindros al mes para mantener su producción.
Economistas advierten que, aunque el incremento es marginal en términos absolutos, su efecto acumulativo puede profundizar la percepción de fragilidad económica entre los hogares. El gas, al ser un insumo transversal, incide indirectamente en los precios de alimentos preparados y otros servicios, generando un impacto en cadena que termina reflejándose en el bolsillo del consumidor.
A nivel fiscal, el subsidio sigue siendo un punto de debate. Si bien cumple una función social clave, su sostenibilidad a largo plazo genera interrogantes en un contexto de presión sobre las finanzas públicas. La pregunta que flota en el ambiente no es solo cuánto costará el gas mañana, sino hasta cuándo el Estado podrá sostener el apoyo sin comprometer otros gastos prioritarios.
Así, el alza del GLP se convierte en algo más que un ajuste tarifario: es un recordatorio cotidiano de la vulnerabilidad económica que enfrentan miles de familias salvadoreñas, donde cada dólar cuenta y cualquier variación en los precios redefine, aunque sea de forma silenciosa, la manera de vivir y de sobrevivir.
