Ejecutivo entrega a la Asamblea Legislativa proyecto de presupuesto por USD 12,421 millones para el 2027
El último año de gobierno del expresidente Alfredo Cristiani Burkard, en una época de reconstrucción del país despues de la guerra civil, rondaba los 1,000 millones de dólares
El Ministerio de Hacienda entregó este miércoles a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, por un monto de USD 12,421 millones, la cifra más alta en la historia fiscal del país y un incremento de USD 1,865 millones, equivalente a 17.7%, frente a los USD 10,555.5 millones aprobados para 2026. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el documento ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, acompañado del viceministro Luis Sánchez. La primera vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, confirmó que el estudio del proyecto en comisión iniciará el próximo 7 de octubre, luego de que el presidente del Legislativo, Ernesto Castro, pidiera que el presupuesto quede aprobado antes de que termine 2026.
Educación concentra la mayor partida
Educación recibiría la asignación más alta del presupuesto, con USD 3,416 millones, equivalentes al 27.5% del total y, según cifras oficiales, al 8.1% del producto interno bruto proyectado para 2027. Dentro de ese monto figuran USD 415 millones para computadoras, tabletas, conectividad de alta velocidad e incorporación de inteligencia artificial en el aula; USD 562 millones para infraestructura escolar, repartidos entre el Ministerio de Educación (USD 350 millones), el Ministerio de Obras Públicas (USD 100 millones) y el programa Dos Escuelas por Día (USD 112 millones); USD 134 millones en uniformes, zapatos y útiles escolares; USD 117.6 millones para el programa Mi Nueva Escuela El Salvador; USD 90 millones en becas universitarias; y USD 55.3 millones para el plan de Trayectorias Educativas Completas. El Ejecutivo detalló además que trasladará USD 40 millones desde los ramos de seguridad y defensa hacia educación, una reorientación que, según Posada, no afectaría los beneficios del personal policial, militar y administrativo.
Salud contaría con USD 1,493.1 millones, USD 147 millones más que en 2026, mientras que Justicia y Defensa recibiría USD 997.2 millones, cifra que ya incorpora la reducción de USD 40 millones destinada a educación. En infraestructura, el proyecto contempla USD 69 millones para el viaducto y la ampliación de la carretera Los Chorros, USD 103 millones para la modernización del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, USD 58.97 millones para el nuevo Aeropuerto Internacional del Pacífico, USD 31 millones para el bypass de Apopa y USD 22 millones para Surf City fase II. El programa de salud digital Doctor SV tendría USD 150 millones, y los subsidios sumarían USD 258.9 millones, distribuidos entre gas propano (USD 124 millones), energía eléctrica (USD 64.1 millones) y transporte colectivo (USD 70.7 millones).
Del lado de los ingresos, Hacienda proyecta recursos corrientes por USD 10,419 millones, un alza de USD 1,266 millones (13.8%) respecto a 2026, de los cuales USD 9,569 millones corresponderían a recaudación tributaria. Posada insistió en que la propuesta no incorpora nuevos impuestos ni incrementos a los tributos vigentes, y atribuyó el crecimiento de la recaudación al dinamismo económico y a medidas de modernización como la facturación electrónica. El documento reconoce, finalmente, una brecha presupuestaria de USD 515 millones.
Las cuentas que exigen una explicación más detallada
Ese último dato —la brecha de USD 515 millones— es, posiblemente, el elemento más revelador del proyecto 2027, aunque pasó casi inadvertido en el acto de entrega. Durante la presentación de los presupuestos de 2025 y 2026, el propio Ministerio de Hacienda celebró en ambas ocasiones haber logrado, por primera y segunda vez consecutiva, un presupuesto “balanceado” y con “cero dólares de brecha presupuestaria”, un logro que las autoridades vincularon directamente con el programa de estabilización fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional y con el fin, según el discurso oficial, de la dependencia salvadoreña del endeudamiento para cubrir gasto corriente. La reaparición de una brecha de USD 515 millones en la propuesta 2027 representa, en los hechos, un retroceso respecto a esa narrativa de independencia financiera que el Gobierno había convertido en una de sus principales credenciales ante inversionistas y organismos multilaterales, sin que el acto de entrega de este miércoles ofreciera una explicación específica sobre ese cambio de rumbo.
A esa cifra se suma otra inconsistencia aritmética que amerita aclaración en la fase de estudio legislativo: si los ingresos corrientes proyectados son de USD 10,419 millones y el gasto total asciende a USD 12,421 millones, la diferencia real es de USD 2,002 millones, no de USD 515 millones. Es decir, más de USD 1,480 millones del presupuesto 2027 tendrían que cubrirse con fuentes de financiamiento —préstamos externos ya contratados, donaciones u otros mecanismos— que el Ministerio de Hacienda no detalló durante la presentación pública del proyecto, a diferencia de ejercicios anteriores en los que sí se desglosó explícitamente cuánto provenía de deuda ya colocada y cuánto de ingresos propios. Esa falta de desagregación dificulta, por ahora, determinar con precisión cuánta deuda nueva contempla realmente el proyecto más allá de la brecha reconocida.
Igualmente notorio resulta el contraste entre el ritmo de crecimiento del gasto (17.7%) y el de los ingresos corrientes (13.8%): el presupuesto crece casi cuatro puntos porcentuales más rápido que los recursos que, según el propio Gobierno, deben financiarlo, una brecha de crecimiento que —aun descontando los préstamos— tiende a ampliar la dependencia del financiamiento externo en el mediano plazo. A esto se añade que el 13.8% de crecimiento en la recaudación prácticamente triplica el 4.5% de crecimiento económico que la propia canciller Alexandra Hill presentó ante la Asamblea General de la ONU la semana pasada, una desproporción que, si bien puede explicarse parcialmente por mejoras en la fiscalización tributaria, no fue abordada por Hacienda durante la entrega del proyecto.
Finalmente, la cifra de USD 997.2 millones asignada a Justicia y Defensa para 2027 contrasta con la proporción reportada apenas un año antes: en el presupuesto 2026, el rubro de seguridad y defensa concentraba 14.8% de un total de USD 10,555.5 millones, es decir, alrededor de USD 1,562 millones. La diferencia podría explicarse por un cambio en la forma de agrupar los ramos —separando, por ejemplo, a la Policía Nacional Civil u otras carteras de seguridad pública del concepto “Justicia y Defensa”— pero el Ejecutivo no ofreció, en el acto de entrega, una aclaración sobre esa recomposición, lo que debería formar parte de las preguntas que la Comisión de Hacienda plantee a los ministros convocados a partir del 7 de octubre.
Un presupuesto sin parangón en la historia fiscal salvadoreña
La magnitud del proyecto 2027 solo se aprecia en su justa dimensión al contrastarla con la trayectoria presupuestaria de las administraciones previas a 2019. Según cifras expuestas en la propia Asamblea Legislativa durante el debate del presupuesto 2023, los gobiernos de ARENA y del FMLN manejaron en conjunto, a lo largo de tres décadas (1989-2019), un total aproximado de USD 100,000 millones: ARENA, con cuatro presidentes en veinte años —Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca—, ejecutó cerca del 45% de esa cifra, unos USD 45,000 millones, mientras que el FMLN, con dos presidentes en diez años —Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén—, utilizó el 55% restante, alrededor de USD 55,000 millones. Promediado por año, eso equivale a unos USD 2,250 millones anuales durante la era ARENA y cerca de USD 5,500 millones anuales durante la era FMLN. El presupuesto propuesto para el único ejercicio fiscal de 2027 —USD 12,421 millones— supera varias veces ese promedio histórico anual e incluso equivale a una fracción considerable de lo que ARENA ejecutó en dos décadas completas de gobierno.
Es importante precisar que no existen registros públicos consolidados y de fácil acceso que permitan reconstruir con el mismo nivel de detalle los montos presupuestarios específicos de los gobiernos de José Napoleón Duarte (1984-1989) y de Alfredo Cristiani (1989-1994): se trató de presupuestos formulados en colones, en plena guerra civil y bajo un sistema de contabilidad gubernamental que, a diferencia de los informes digitalizados disponibles desde la década de 2000, no está sistematizado en los portales de transparencia actuales. Esa limitación documental impide, por ahora, una comparación cifra por cifra con esos dos gobiernos en particular, más allá del dato agregado de los treinta años posteriores a 1989 ya mencionado.
En el terreno más específico del gasto educativo sí existe un parámetro de comparación directa: durante el debate del presupuesto 2025, el diputado oficialista William Soriano citó cifras de inversión en salud por quinquenio que, según expuso, ascendieron a USD 229 millones bajo Francisco Flores, USD 332 millones bajo Antonio Saca, USD 507 millones bajo Mauricio Funes y USD 632 millones bajo Salvador Sánchez Cerén, frente a un promedio anual de USD 174.24 millones bajo la actual administración, lo que proyectado a un quinquenio completo superaría los USD 870 millones. Conviene señalar que esa comparación fue presentada por un legislador del partido de gobierno en el contexto de un debate legislativo, por lo que su carácter es más político que estrictamente técnico, aunque las cifras absolutas citadas coinciden con registros de prensa de la época.
El presupuesto 2027 llega, además, en un contexto de deuda pública creciente: según datos del Banco Central de Reserva recogidos por la agencia calificadora Moody’s, la deuda total de El Salvador alcanzó USD 34,960 millones en julio de este año, equivalente a 93.4% del producto interno bruto, un nivel que, pese a la mejora en la perspectiva crediticia del país, sigue siendo catalogado por economistas como un riesgo que requiere atención en el mediano plazo. Será tarea de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, a partir del 7 de octubre, esclarecer ante la ciudadanía salvadoreña cómo se financiará exactamente la diferencia entre lo que el país recaudará y lo que el Ejecutivo propone gastar en 2027.
