Ejecutivo desvanece la autonomía de la PNC y la entrega al Ministro de Seguridad

La subordinación total de la PNC al Ministerio de Seguridad pueda llevar a una instrumentalización de la fuerza policial con fines políticos

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Un decreto de la Presidencia de la República impulsa una de las reformas más significativas en la estructura de seguridad de El Salvador, transfiriendo el control directo de la Policía Nacional Civil (PNC) al Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

La medida, que elimina al Director General de la PNC como la máxima autoridad operativa, es vista por el Ejecutivo como un paso necesario para fortalecer la coordinación y la eficiencia en la lucha contra el crimen. Sin embargo, la desaparición de la autonomía operativa policial enciende alarmas entre analistas, la oposición y organizaciones de derechos humanos, que la califican como un duro golpe a la autonomía institucional y un paso más en la consolidación del poder en el Ejecutivo.

La reforma, que se hizo efectiva a través de un decreto ejecutivo, modifica las atribuciones de la Ley Orgánica de la PNC, una normativa que fue creada precisamente para profesionalizar a la policía y protegerla de la injerencia política directa. Con este cambio, el Director General de la PNC pasa a tener un rol meramente administrativo, perdiendo el control operativo sobre las unidades especializadas, la planificación estratégica y la toma de decisiones en el campo. Estas funciones ahora recaerán directamente en el despacho del Ministro de Seguridad Pública y Justicia.

Los Argumentos del Gobierno: Mayor Eficiencia y Mando Unificado

Desde el gobierno, la justificación principal para esta reforma es la necesidad de un mando unificado que permita una respuesta más rápida y coordinada a los desafíos de seguridad. Funcionarios cercanos a la presidencia argumentan que la autonomía de la PNC a menudo resultaba en una desconexión entre la política de seguridad del gobierno y su implementación en el terreno. Aseguran que, al concentrar las decisiones en el Ministerio de Seguridad, se pueden optimizar recursos, evitar la duplicidad de esfuerzos y ejecutar con mayor rigor la política de seguridad pública.

Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública y Justicia

Esta medida se presenta como una consolidación de la política de seguridad del gobierno, que ha priorizado el control territorial y la mano dura contra las pandillas. La decisión busca eliminar cualquier posible obstáculo burocrático o de mando en la aplicación de esta estrategia.

Críticas y preocupaciones: El fin de la autonomía policial

El principal punto de crítica a la reforma es que esta desmantela el principio de autonomía de la Policía Nacional Civil, que fue establecida en los Acuerdos de Paz de 1992 para ser una fuerza de seguridad no partidista, profesional y alejada del control directo del poder político del país.

La subordinación total de la PNC al Ministerio de Seguridad pueda llevar a una instrumentalización de la fuerza policial con fines políticos. La falta de un director con autoridad operativa propia podría traducirse en una policía que responda directamente a los intereses del gobierno de turno, en lugar de a los principios de la ley y el debido proceso.

Además, la medida pone en duda el futuro de la carrera policial y la meritocracia. Al concentrarse el poder de decisión en el Ministerio, la carrera de los oficiales podría depender más de la lealtad política que de su profesionalismo y experiencia. Expertos señalan que esto podría debilitar la disciplina interna y la confianza de la población en la imparcialidad de la policía. La reforma en la PNC se suma a una serie de cambios institucionales en El Salvador que, según sus críticos, apuntan a la centralización del poder en el Órgano Ejecutivo y a la desarticulación de los contrapesos democráticos.