Director de la DEA amenazó con exponer nexos entre el narco y políticos en México
El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, reiteró que la agencia mantendrá su estrategia para exhibir las redes de corrupción que vinculan a actores políticos en México con organizaciones del crimen organizado, asegurando que no darán marcha atrás en el combate contra quienes facilitan actividades delictivas.
A través de un pronunciamiento publicado este martes en su cuenta oficial de X, el funcionario estadounidense sostuvo que la corrupción institucional en territorio mexicano alimenta las operaciones de los cárteles, por lo que enfatizó el compromiso de su dependencia para desmantelar estos enlaces en aras de proteger a la población de su país. En su mensaje, Cole señaló que la DEA continuará exponiendo el nexo entre lo que denominó organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para salvaguardar vidas estadounidenses.

Esta postura da continuidad a una advertencia emitida tres días antes por el mismo titular de la agencia antidrogas, quien adelantó que tanto la DEA como la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) perseguirán “sin descanso” a los funcionarios que se beneficien, protejan o alimenten al narcotráfico, sin importar su posición política. Dicha declaración se produjo tras la sentencia dictada en Estados Unidos contra Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El criminal, de 68 años, fue condenado por la jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, a 22 años y medio de prisión por tráfico internacional de drogas y portación de armas de fuego, luego de haberse declarado culpable cuatro meses atrás; su defensa había solicitado una pena de 20 años alegando su avanzada edad, mientras que la fiscalía pedía 30.
Los señalamientos de Cole se enmarcan en una ofensiva impulsada desde el inicio de la administración de Donald Trump, la cual ha combinado presiones arancelarias hacia México con acciones judiciales y financieras directas contra funcionarios, exservidores públicos y presuntos operadores criminales. Estas medidas cobraron relevancia en abril pasado, cuando la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, adscrita al Departamento de Justicia estadounidense, acusó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve colaboradores de delitos de narcotráfico y armas por presuntamente asociarse con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con las autoridades norteamericanas, los implicados habrían facilitado el trasiego de drogas hacia Estados Unidos y entregado información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército Mexicano al grupo delictivo a cambio de miles de dólares. En el expediente figuraron también el senador y exsecretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cazárez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el entonces fiscal general adjunto, Dámaso Castro Zaavedra; el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; el exjefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés, y el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Posteriormente, en el mes de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro amplió el cerco financiero al sancionar a 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con la facción de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. Entre los sancionados destacaron figuras del círculo cercano de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, específicamente su exesposo, Carlos Alberto Torres Torres, y su hermano, Luis Alfonso Torres, señalados de recibir sobornos del cártel para luego blanquear los recursos mediante empresas y campañas políticas.
Las investigaciones del Departamento del Tesoro vincularon a Carlos Alberto Torres con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, operador del Cártel de Sinaloa en Mexicali. En esa misma red fue sancionado Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de dicha capital fronteriza, acusado de aceptar sobornos para ceder el control de la policía municipal a la organización criminal. Asimismo, las autoridades estadounidenses sancionaron a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo en Baja California, identificado como allegado de Torres y amigo de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco” —detenido semanas antes en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México—, a quien presuntamente brindó favores políticos e influencia institucional a cambio de dinero ilícito.
Con información de Agencia Digital de Noticias -AdN-