El Director de Centros Penales, Rodil Hernández, dijo este jueves que las millonarias ganancias de las empresas telefónicas podrían estar “comprometidas” con actividades delictivas.
Rodil Celulares declaró en una entrevista de televisión que las telefónicas son acusadas de no bajar la intensidad de la señal en los centros penales, situación que de ser cierta e intencional podría constituir un delito.
El Director de Centros Penales citó como ejemplo el hecho de que durante las requisas en las cárceles se haya decomisado teléfonos celulares con cargas de hasta $21.000 dólares en manos de cabecillas recluidos en centros penales del país. La ley no especifica que las empresas telefónicas tengan la obligación de reportar esas situaciones a las autoridades.
El funcionario penitenciario denunció asimismo la venta excesiva de chips telefónicos sin control alguno.
“En lugar de colaborar han interpuesto recursos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)” dijo Rodil. La Sala de Lo Constitucional rechazó el pasado miércoles por improcedente un recurso de inconstitucionalidad por la imposición de una multa de más de $700 mil diarios a las empresas de telefonía.
Rodil se refirió asimismo al traslado de 299 cabecillas de las estructuras pandilleriles de los centros penitenciarios de máxima seguridad de Izalco y Ciudad Barrios en San Miguel, al de mediana seguridad de Quezaltepeque.
Según el funcionario los traslados no fueron al azar sino que fueron debidamente seleccionados por medio de una investigación que los vincula con extorsiones y homicidios entre los cuales podría estará la masacre de San Juan Opico el pasado mes de febrero.
Rodil aseguró que estas medidas se esperan desarticular los mecanismos de comunicación que los grupos delictivos organizan en los alrededores de los centros penales donde están recluidos.
El Director de Centros Penales, Rodil Hernández, dijo este jueves que las millonarias ganancias de las empresas telefónicas podrían estar “comprometidas” con actividades delictivas.
Rodil Celulares declaró en una entrevista de televisión que las telefónicas son acusadas de no bajar la intensidad de la señal en los centros penales, situación que de ser cierta e intencional podría constituir un delito.
El Director de Centros Penales citó como ejemplo el hecho de que durante las requisas en las cárceles se haya decomisado teléfonos celulares con cargas de hasta $21.000 dólares en manos de cabecillas recluidos en centros penales del país. La ley no especifica que las empresas telefónicas tengan la obligación de reportar esas situaciones a las autoridades.
El funcionario penitenciario asimismo la venta excesiva de chips telefónicos sin control alguno.
“En lugar de colaborar han interpuesto recursos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)” dijo Rodil. La Sala de Lo Constitucional rechazó el pasado miércoles por improcedente un recurso de inconstitucionalidad por la imposición de una multa de más de $700 mil diarios a las empresas de telefonía.
Rodil se refirió asimismo al traslado de 299 cabecillas de las estructuras pandilleriles de los centros penitenciarios de máxima seguridad de Izalco y Ciudad Barrios en San Miguel, al de mediana seguridad de Quezaltepeque.
Según el funcionario los traslados no fueron al azar sino que fueron debidamente seleccionados por medio de una investigación que los vincula con extorsiones y homicidios entre los cuales podría estará la masacre de San Juan Opico el pasado mes de febrero.
Rodil aseguró que estas medidas se esperan desarticular los mecanismos de comunicación que los grupos delictivos organizan en los alrededores de los centros penales donde están recluidos.
