Diputados oficialistas bloquean comisión para estudiar sistema de pensiones en crisis
La plenaria del martes de la Asamblea Legislativa de El Salvador evidenció nuevamente la correlación de fuerzas políticas en el país, luego de que la mayoría oficialista rechazara una propuesta de la oposición para crear una comisión especial que analizara el sistema de pensiones, en un contexto de creciente preocupación por su sostenibilidad financiera.
La iniciativa fue presentada el martes 21 de abril por el diputado Francisco Lira, del partido ARENA, quien solicitó la conformación de una instancia legislativa encargada de evaluar el estado actuarial del sistema, el impacto de las reformas vigentes y los riesgos a mediano y largo plazo.
Sin embargo, la moción no logró incorporarse a la agenda legislativa, al obtener únicamente tres votos a favor —dos de ARENA y uno del partido Vamos—, muy por debajo de la mayoría requerida en el pleno.
Según la iniciativa, la comisión especial tendría facultades para:
- solicitar información oficial sobre la situación financiera del sistema;
- evaluar el impacto de la reforma de pensiones vigente;
- identificar riesgos estructurales;
- convocar a expertos nacionales e internacionales;
- y proponer ajustes para mejorar la sostenibilidad, cobertura y rentabilidad de los fondos.
Lira argumentó que el país carece actualmente de un diagnóstico integral actualizado sobre el sistema previsional, en momentos en que diversos estudios advierten sobre desequilibrios crecientes.
El rechazo de la propuesta ocurre en un contexto en el que el sistema de pensiones salvadoreño enfrenta serias presiones actuariales y fiscales.
Un estudio de la Superintendencia del Sistema Financiero citado en el debate indica que:
- el déficit previsional podría alcanzar hasta el 59 % del PIB en el período 2024–2070;
- los fondos del sistema público podrían agotarse en 2029;
- y muchas cuentas individuales de jubilados actuales podrían quedar sin recursos en los próximos años.
Además, el modelo sigue dependiendo de mecanismos como la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), mediante los cuales el Estado financia el pago de pensiones utilizando recursos provenientes de los ahorros de los trabajadores.
Impacto de la reforma de 2022
El debate legislativo se produce también bajo la sombra de la reforma aprobada en 2022, que transformó el sistema previsional con medidas como el aumento de beneficios mínimos, cambios en la estructura de financiamiento y mayor participación estatal.
Si bien el gobierno defendió la reforma como un avance para mejorar las pensiones, sectores críticos sostienen que esta incrementó la presión fiscal al elevar obligaciones sin resolver los problemas estructurales de financiamiento.
Datos recientes indican que la deuda estatal vinculada a los fondos de pensiones supera los 11,000 millones de dólares, reflejando la creciente dependencia del sistema respecto al financiamiento público.
Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recomendado a El Salvador avanzar en una reforma integral de pensiones como parte de un ajuste fiscal de mediano plazo, advirtiendo sobre los riesgos de continuar financiando obligaciones previsionales mediante deuda.
Debate político bloqueado
El rechazo a la comisión especial ha sido interpretado por sectores opositores como una señal de falta de apertura al análisis técnico y al debate plural sobre uno de los temas más sensibles para la población.
Por su parte, el oficialismo no ha emitido una posición detallada sobre la negativa, aunque en ocasiones anteriores ha defendido las reformas aprobadas y ha sostenido que el sistema actual ofrece mejores condiciones para los jubilados.
El sistema de pensiones salvadoreño continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales del país, con implicaciones directas en la estabilidad fiscal, la confianza de los cotizantes y la sostenibilidad del gasto público.
La falta de consenso político y de espacios técnicos de discusión deja abierto un debate que, según expertos, no puede seguir postergándose sin riesgos significativos para las finanzas públicas y la seguridad económica de millones de salvadoreños.
