La deuda pública de El Salvador continúa su escalada y se aproxima peligrosamente al tamaño total de la economía nacional. Según cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Hacienda, el saldo de la deuda pública total —incluyendo compromisos con el sistema de pensiones— se ubicó en $32,275 millones a mediados de octubre.
Este monto representa aproximadamente el 87.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2025, lo que coloca al país entre los más endeudados de Centroamérica en términos relativos. En comparación, el promedio regional ronda el 60 % del PIB, lo que evidencia la creciente vulnerabilidad fiscal salvadoreña.
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador
¿Qué explica el aumento?
El crecimiento de la deuda responde a varios factores:
- Financiamiento de programas sociales y subsidios, especialmente en energía y alimentos.
- Pago de vencimientos de deuda externa adquirida en años anteriores.
- Reformas al sistema previsional, que han implicado nuevas obligaciones estatales.
- Gasto en infraestructura y seguridad, que ha sido priorizado por el Ejecutivo.
Aunque el gobierno ha defendido estos gastos como necesarios para el desarrollo y la estabilidad, economistas advierten que el ritmo de endeudamiento podría comprometer la sostenibilidad fiscal y limitar el margen de maniobra ante futuras crisis.
Riesgos y perspectivas
El Salvador enfrenta varios desafíos:
- Altos costos de financiamiento, debido a la percepción de riesgo país.
- Dependencia de préstamos multilaterales y colocaciones internas, que podrían saturar el mercado local.
- Presión sobre el presupuesto nacional, con más del 30 % destinado al servicio de la deuda.
Las cifras divulgadas por Hacienda confirman que un cuarto de la deuda vence entre uno y cinco años, mientras que un 23 por ciento debe ser amortizada entre seis y 10 años.
Un 34 por ciento de otras obligaciones deben cancelarse entre 11 y 20 años, y un 18 por ciento fueron acordadas con vencimientos mayores a los 20 años.
Organismos internacionales como el FMI han recomendado reformas fiscales estructurales, mayor transparencia en el manejo de fondos públicos y una estrategia clara de consolidación fiscal.
El Salvador se encuentra en una encrucijada. Si bien la deuda ha permitido sostener programas clave para el Gobierno de Nayib Bukele, su magnitud actual exige un debate serio sobre prioridades presupuestarias, eficiencia del gasto y alternativas de financiamiento sostenible.
